Bruselas considera que la tasa que España ha impuesto a los operadores de de telecomunicaciones para compensar la pérdida de publicidad de la televisión pública, es incompatible con la legislación comunitaria y perjudica a los operadores, limitando sus inversiones en nuevas redes y por lo tanto afecta a los clientes.

En diciembre la Comisión Europea abrió un expediente por considerar que este modelo de financiación vulnera las normas comunitarias sobre ayudas públicas.

RTVE suprimió desde el pasado septiembre la publicidad en TVE. Los operadores de telefonía se vieron obligados a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9% de sus ingresos, las cadenas privadas de televisión a aportar un 3% y las de pago el 1,5%.

La apertura del expediente es una primera fase del procedimiento. El Gobierno español debe en el plazo de dos meses responder. Si los argumentos no son lo suficientemente convincentes, el asunto podría terminar en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Otro expediente que estaba abierto contra España sobre el servicio universal ha sido archivado después de que se haya modificado la legislación para ajustarla a los requisitos de la UE.

En junio de 2007 Bruselas abrió un expediente contra España en relación con su mecanismo de designación y financiación de los proveedores de su servicio universal.

Las normas de telecomunicaciones de la UE dicen que los Estados miembros deben cerciorarse de que ningún proveedor quede fuera automáticamente cuando se designen. Al menos una empresa parece que quedaba fuera en España.