La Unión Europea da un primer paso para que todos los ciudadanos de cualquier Estado miembro tengan garantizado un juicio justo en otro país. El comienzo ha sido establecer los servicios completos de interpretación y traducción para los encausados.

Desde el caso del turista italiano implicado en un accidente de tráfico en Suecia al que no se le permitió hablar con un abogado de lengua italiana durante el juicio, o el del ciudadano polaco que no pudo tener una traducción escrita de los cargos que se le imputaban en un tribunal francés, se podrían narrar infinidad de casos algunos de los cuales terminaron en condenas injustas.

«Hemos dado un primer paso importante hacia una Europa en la que la Justicia no tendrá fronteras. Nadie en la UE debería tener nunca la impresión de que los derechos y sus garantías se ven mermados por el simple hecho de no encontrarse en su país de origen», ha dicho la vicepresidenta Viviane Reding, comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía.

Cada vez son más los europeos que viajan, estudian y trabajan fuera de sus países de origen, y eso aumenta las probabilidades de que surjan conflictos y de que se vean envueltos en procedimientos judiciales en otro Estado miembro.

La propuesta que ha presentado la Comisión Europea dice que se deberán prestar servicio de interpretación para la comunicación con los abogados, la investigación y el juicio y que se deben traducir los documentos fundamentales.

Los gastos correrán de cuenta del Estado miembro, y no del encausado, independientemente del resultado final de la causa.

Esta Directiva es la primera para reforzar la justicia penal que se adopta desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa.