Siendo optimistas, en 2011 un millón de ciudadanos de un tercio de países de la UE, nueve en la actualidad, podrán presentar una propuesta de legislación europea. El Tratado de Lisboa aporta esta herramienta con el propósito, siempre perseguido y nunca conseguido, de acercar Europa a la gente.

La Comisión europea ha presentado los detalles de esta Iniciativa Ciudadana Europea, cuya concreción parece extraordinariamente compleja para organizar en 27 países o más en el futuro. «Se trata de una nueva forma de democracia participativa… que queremos que sea sencilla, fácil de usar y accesible para los ciudadanos… y no demasiado burocrática para los gobiernos», ha dicho el comisario de Relaciones Institucionales, Maros Sefcovic.

Quién, cómo, cuándo y dónde

El procedimiento arranca cuando una iniciativa haya logrado el apoyo de 300.000 ciudadanos de tres Estados miembros de la UE. La Comisión examinará si es competente para legislar en la materia propuesta y determinar si es admisible. Con su visto bueno, los promotores tendrán un plazo de un año para llegar hasta el millón de firmas necesarias, que pueden obtenerse tanto en la calle como en Internet. Ese millón de firmas, además de proceder de un tercio de los socios comunitarios, tendrá que corresponder a un mínimo de ciudadanos de cada país, según la cifra que se calcule en función de la representación del país en el Parlamento europeo. La edad mínima para suscribir la iniciativa será la que cada Estado impone para participar en las elecciones europeas.

Bruselas estará obligada a considerar muy seriamente las iniciativas ciudadanas, pero no tendrá obligación de elaborar una propuesta legislativa, aunque sí de explicar por qué no lo hace. El mecanismo aprobado por la Comisión prevé una serie de salvaguardas para que los participantes no sean utilizados de manera fraudulenta y para evitar que prosperen iniciativas que no respeten los derechos fundamentales y los valores europeos o planteen medidas absurdas.

El ejecutivo comunitario reconoce que es difícil saber ahora la repercusión que puede tener esta nueva herramienta participativa y ha incluído una cláusula de revisión para  reexaminar la iniciativa cuando pasen cinco años. De todas formas, toda esta normativa tiene que ser aprobada por el Parlamento europeo y el Consejo.

La comisaria de Ciudadanía, Viviane Reding, afirma que la Iniciativa Ciudadana es «muy importante para que los europeos se hagan oír y es prueba de que la Unión se toma en serio lo que dicen los ciudadanos». euroXpress