Fabricar una mina sale muy barato, no llega a los 3 euros, pero el proceso de desminado es caro. Localizar, desactivar y destruir cada mina cuesta más de 750 euros, la mayor parte de ellas están en países sin recursos. Colombia, Camboya, Afganistán, Bosnia e Irak son los países con más minas y donde viven los 300.000 supervivientes de sus explosiones. La mayoría con terribles mutilaciones y sin posibilidad de acceder a centros especializados que les hagan superar las secuelas físicas y psíquicas.

En 1997 se firmó la Convención de Otawa que entró en vigor dos años más tarde. Desde entonces 154 países la han ratificado. Se comprometen a no emplear «nunca y bajo ninguna circunstancia» las minas antipersona, así como a no desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir estas armas. Según la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, que engloba a más de 1.400 ONG y que recibió el Premio Nobel de la Paz, las únicas democracias occidentales que no las han prohibido y que siguen fabricándolas son Estados Unidos y Finlandia. China, Rusia, Irán, Israel, Corea del Sur y Corea del Norte continúan utilizándolas.

Según UNICEF, las minas terrestres y los restos de explosivos que quedan tras las guerras siguen matando entre 15.000 y 20.000 personas al año.

Este domingo se celebra la quinta edición del Día Internacional para la Concienciación y la Ayuda a la Acción contra las Minas. Según la ONU el día fue elegido intencionadamente al azar, como al azar matan las minas.

En Colombia, desde 1990 se han producido más de 8.000 víctimas como consecuencia de accidentes en 700 de los 1.100 municipios del país. Según las autoridades, los grupos armados vuelven a sembrar de minas zonas que ya habían sido limpiadas.

En Líbano, casi cuatro años después de que Israel llevara a cabo la incursión contra el grupo chií Hezbolá y lanzara más de cuatro millones de bombas de racimo en el sur, siguen muriendo campesinos y niños, creen que los objetos que brillan al sol son juguetes.

Desde finales de 2006 se han desactivado más de 197.000 bombas de racimo, pero todavía queda por limpiar casi la mitad de los 45km2 que están afectados.