El pasado septiembre, España suprimió la publicidad y otras actividades comerciales de las dos cadenas de la televisión pública. Para compensar por la pérdida de esa fuente de recursos se previeron otros sistemas: aportación del 3% de los ingresos de los operadores de televisión comercial en abierto, del 15% de las televisiones de pago, del 0,9% de los operadores de telecomunicaciones y de un porcentaje, de hasta el 80% de la tasa ya existente por uso del dominio radioeléctrico, hasta una cantidad de 330 millones de euros.

El 2 de diciembre de 2009 la Comisión Europea abrió una investigación para cerciorarse de que el nuevo mecanismo de financiación no ofrecía una compensación excesiva a la RTVE.

En primer lugar la CE ha determinado que la financiación no depende de la legalidad de los nuevos impuestos y que el ente público tiene una suficiente salvaguarda para evitar un exceso de compensación.

De momento ha decidido la compatibilidad del nuevo sistema de financiación y más adelante juzgará sobre la legalidad de los nuevos impuestos.