Varios cientos de miles de personas son víctimas cada año de la trata de seres humanos, de terceros países hacia la UE o dentro del territorio de la Unión. La mayor parte de estas víctimas, un 43%, son mujeres y chicas jóvenes que son obligadas a prostituirse, a otro 32% las dedican a trabajos poco cualificados o al servicio doméstico.

En 2002 la Unión Europea aprobó una directiva que ahora va a ser modificada teniendo en cuenta que el problema va a más. La Comisión Europea ha hecho una propuesta que el Parlamento quiere que sea más dura. La pena mínima pasa de cinco a seis años y cuando las víctimas sean particularmente vulnerables la pena mínima será de 10 o 12 años. El producto de esos hechos o los beneficios que hayan obtenido serán confiscados y deberán servir para ayudar, proteger e indemnizar a las víctimas y a la lucha contra la trata de personas.

Los diputados quieren también que se desarrollen mecanismos específicos para luchar contra este tráfico en internet.

Los Estados miembros de la UE deberán proporcionar un permiso de residencia a las víctimas, proporcionarles alojamiento, cuidados médicos, jurídicos y proteger a los posibles testigos. Tanto el país en el que ha ocurrido el delito como el de procedencia deben asegurar el retorno si así lo quiere la víctima. Habrá un teléfono de asistencia, multilingüe, gratuito y único en toda la UE. Incluso se estudia la posibilidad de un teléfono al que se pueda llamar desde fuera de Europa. Estas modificaciones han sido aprobadas por 42 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.

Esta directiva debe ser aprobada por el plenario del Parlamento Europeo, probablemente antes de fin de año.