La cadena pública suprime la publicidad, los servicios de televenta, la comercialización y los programas de acceso condicional en RTVE desde el momento en que entró en vigor la nueva ley. Se financiará con una aportación pública y con impuestos a los demás operadores.

Una aportación del 3% de los ingresos de los operadores de televisión comercial en abierto, y del 1,5% de los ingresos de las televisiones de pago;

Una aportación del 0,9% de los ingresos de los operadores de telecomunicaciones;

Un porcentaje del 80% de la recaudación ya existente por el uso del dominio público radioeléctrico, hasta un máximo de 330 millones de euros.

Las normas de la UE conceden a los Estados miembros un amplio margen de decisión en cuanto a la forma de financiación de los medios de comunicación públicos, siempre que no haya ninguna discriminación injusta con los otros operadores y la compensación no sea excesiva.

La comisaria de Competencia, Neelia Kroes ha señalado que La Comisión no pone ninguna objeción a «la supresión de anuncios de la televisión pública, pero tenemos que evaluar la manera en que se financia esa reforma», añade que como España no notificó la reforma no ha podido ser evaluada antes de que entrar en vigor el pasado 1 de septiembre.

Los más críticos con la medida han sido las compañías telefónicas, que estudiandenunciar el impuesto que deben pagar.