La ley que refuerza el control gubernamental sobre los medios informativos en Hungría está provocando un escándalo con repercusiones internacionales y acusaciones al gobierno de Budapest de establecer una censura encubierta. La ley entrará en vigor el próximo uno de enero, cuando Hungría asume la presidencia semestral de la UE.

La nueva legislación, aprobada por el parlamento húngaro, el pasado 21 de diciembre, crea una Autoridad Nacional de Medios y Comunicación, compuesta por miembros próximos al partido del gobierno, Fidesz. Entre sus competencias, está comprobar si los contenidos de las noticias son «contrarias al interés público» y si las informaciones dan o no una visión política equilibrada.

El nuevo organismo tiene control directo sobre los medios públicos, que ahora se fusionan, y capacidad de imponer sanciones a los privados, tanto escritos, audiovisuales u on line. Hay previstas multas de hasta 730.000 euros, para radios y televisiones; 90.000 euros, para diarios y 35.000 euros, para publicaciones semanales o mensuales.

El mismo día que se aprobaba la ley, ya hubo manifestaciones en Budapest por lo que se entendía como restricciones a la libertad de información. La oposición socialista al primer ministro, Viktor Orban, ha pedido al presidente de Hungría que no ratifique la ley y la remita al Tribunal Constitucional para su revisión.

En el exterior, las reacciones en contra se han multiplicado en la última semana. Desde la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que ha recordado que la libertad de prensa es un elemento indispensable en las democracias, hasta las organizaciones internacionales de informadores, como el Instituto Internacional de Prensa o la Federación Europea de Periodistas, que considera «insostenible que un país que ha aprobado una ley que debilita los derechos fundamentales, incluida la libertad de prensa, pueda asumir el liderazgo moral y político de la Unión Europea».

Reacciones en la UE

La Comisión Europea, que en un primer momento echó balones fuera ante las críticas, no ha tenido más remedio que intervenir, aunque tímidamente. La comisaria de Agenda Digital, ha enviado una carta al gobierno húngaro, en la que pide detalles de la nueva ley para comprobar que se ajusta a lo establecido en la legislación europea sobre medios de comunicación.

En el Parlamento europeo las voces en contra han sido mucho más contundentes. El presidente del grupo socialdemócrata, Martin Schulz, partidario de imponer sanciones a Hungría como respuesta a las nuevas medidas, dijo que «un país con esa legislación no es digno de presidir la Unión Europea».

El grupo de los Verdes considera la ley claramente represiva y advierte de que «si la Comisión o el Consejo no reaccionan, correspondería al Parlamento presionar para que tomen las medidas adecuadas contra algo que hay que interpretar como una violación de los valores de la Unión».

Entre los gobiernos europeos, ha destacado el de Angela Merkel. Uno de sus portavoces consideró que la ley húngara socava el Estado de Derecho y que Berlín estará atento al impacto real que tenga sobre los medios