Es la primera expulsión de gitanos desde que el ministro de Interior francés lo anunciara el pasado julio. Se han desmantelado 51 campamentos ilegales y hasta finales de agosto está previsto expulsar a 500 romaníes. En 2009 las autoridades francesas echaron del país a más de 10.000 gitanos.

El ministro de Asuntos Exteriores rumano, Teodor Baconschi, ha dicho que «Si intercambiamos acusaciones o criminalizamos a título colectivo a grupos étnicos, estaremos resucitando algunos de los recuerdos menos agradables. Y en lugar de encontrar soluciones, estaremos generando tensiones.»

Ha añadido que espera que se respete la legalidad en cada una de las expulsiones y ha apostado por un enfoque concertado entre Francia y Rumanía para abordar el problema sin «fiebre electoralista artificial» ni amenazas a su país sobre su posible entrada en el espacio Schengen como la que ha hecho el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Pierre Leloch de quien ha dicho «él es la voz europea de Francia y estoy convencido de que tendrá el tacto de abordar este problema común con la calma necesaria, sin crear con ello una ocasión para ensombrecer las excelentes relaciones franco-rumanas.»

Por otra parte, varias organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de Bulgaria, donde se estima que hay unos 800.000 gitanos, han criticado las medidas del Gobierno francés.

La sección búlgara del Comité de Helsinki para los Derechos Humanos, ha expresado su preocupación por la posibilidad de que París haya puesto en el punto de mira a un grupo étnico concreto.