Después de que Francia haya enviado a sus países de origen, Rumania y Bulgaria, a 635 gitanos, la oficina del Consejo Europeo contra el racismo y la Intolerancia (ECRI) ha publicado un comunicado en el que critica esta política del Gobierno francés.

Desde finales de julio Francia está evacuando campamentos gitanos y enviando a sus ocupantes a sus países de origen a cambio del pago de 300 euros por adulto y 100 por menor, de donde Francia deduce que el retorno es voluntario, algo que niegan muchos teniendo en cuenta que a los que se niegan se les amenaza con la expulsión sin dinero. El primer ministro, Françoise Fillon, ha anunciado que se entrevistará con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, para abordar la cuestión y posibles iniciativas para mejorar la situación de los gitanos. También dos miembros del Gobierno rumano, el secretario de Estado para la reinserción de los gitanos, Valentín Mocanu, y el secretario de Estado de Interior, Valentín Fatuloiu, hablarán del tema en París con los ministros franceses de Interior e Inmigración.

El texto de la ECRI recuerda que «las políticas gubernamentales o las propuestas legislativas que se basen en la discriminación sobre bases étnicas son intolerables y van contra las obligaciones legales vinculantes de todos los Estados miembros del Consejo de Europa.»

Los ciudadanos de la UE pueden estar en territorio francés por determinados periodos de tiempo y regresar allí. El Gobierno francés argumenta que para quedarse en el país deben acreditar empleo y permiso de residencia y sostiene que los campamentos de gitanos son centros de tráfico ilegal, abuso de menores, prostitución y delito.

La ECRI recomendó en 2005 a Francia que debía garantizar los derechos sociales de los gitanos a vivienda, sanidad y educación, a pesar de ello «en 2010 estas personas viven todavía en condiciones miserables en campamentos improvisados.»