Los Estados de la UE pueden expulsar o negar el derecho de residencia a ciudadanos europeos tras analizar cada caso concreto. Ésta es la postura oficial de la Comisión europea, tras los desmantelamientos de campos de gitanos en Francia y la decisión de Sarkozy de expulsar a los gitanos de otros países europeos que cometan delitos.

«No corresponde a la Comisión Europea comentar anuncios o decisiones que afectan a la política interna en materia de seguridad de un Estado miembro», ha dicho el portavoz de interior de la Comisión, Michele Cercone.

Casi coincidiendo con las decisiones del gobierno francés, el ministro sueco de Inmigración, Tobias Billström, en declaraciones a la prensa, ha justificado la expulsión de más de cincuenta gitanos de su país por mendigar en sitios públicos, con el argumento de que no tenían medios para mantenerse por sí mismos.

Este lunes el portavoz de Interior de la Comisión europea  ha tenido que ingeniárselas ante los periodistas para comentar esos casos, pero sin una respuesta concreta y clara. Cercone ha recordado que, según la normativa europea, cualquier ciudadano de la UE tiene garantizado el derecho de circulación y de asentarse en cualquier Estado miembro. Sin embargo, ha añadido que la directiva es muy clara a la hora de exigir condiciones para gozar de esos derechos: tener recursos suficientes para mantenerse.

Con esa ambigüedad legislativa, la solución no está clara. Cercone ha reconocido que no tiene una respuesta a los comentarios del ministro sueco y que los Estados pueden negar el derecho de residencia a ciudadanos europeos inactivos  o sin recursos, o expulsar a quienes supongan una amenaza real para la sociedad. Simplemente hay que analizar caso por caso, porque no están previstas expulsiones en masa o a una minoría étnica en concreto.

«Todos los ciudadanos europeos tienen exactamente los mismos derechos en todos los sitios de la UE. Dicho esto, ha habido en estos últimos años una reflexión sobre medidas para mejorar la integración de determinadas poblaciones o etnias en la UE, pero desde el punto de vista de la directiva todos los europeos están en pie de igualdad y tienen los mismos derechos», ha insistido el portavoz.

De las declaraciones a los hechos

Hace sólo cuatro meses, con ocasión de la cumbre europea sobre gitanos celebrada en Córdoba, la Comisión europea se hacía eco de un informe del comité de Derechos Humanos de la Asamblea del Consejo de Europa, en el que se aseguraba que los gitanos son víctimas de los prejuicios de los europeos, ahora como hace siglos. Se habla en ese informe de que son utilizados como chivos expiatorios por extremistas para referirse a la incertidumbre económica o la delincuencia.

El comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Lászlo Andor, dijo entonces que los esfuerzos para integrar a los gitanos requieren recursos económicos que los 27 deben aplicar para abarcar un ciclo de vida completo. «Nuestro objetivo es hacer que los gitanos sean aceptados en términos de igualdad, que estén integrados en la sociedad.» Eso fue hace cuatro meses. No se ha oído al comisario estos días de conflicto. euroXpress