Reunión en Bruselas. Por Francia, el ministro de Inmigración, Eric Besson, y el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche; por la UE, las comisarias de Interior, Cecilia Malmström, y la de Justicia, Viviane Reding. Asunto: las deportaciones de gitanos comunitarios, de Rumania y Bulgaria. La noticia de la reunión: el gobierno francés considera que debe haber restricciones a la libertad de circulación en la UE.

«Es un logro extraordinario, pero no puede ser incondicional ni un pretexto para la realización de actividades ilícitas, y en particular, el tráfico de seres humanos», ha dicho el ministro Besson, para justificar la expulsión de casi 1000 gitanos comunitarios de territorio francés.

Besson ha rechazado que Francia realice deportaciones colectivas, porque asegura que detrás de cada expulsión hay una decisión judicial. Además insiste en que la mayoría de los que han abandonado Francia, lo han hecho de forma voluntaria tras recibir 300 euros.

El ministro francés ha asegurado ante las representantes de Bruselas que se ha cumplido escrupulosamente la normativa de la UE, tanto la directiva sobre el derecho a la libre circulación como el Tratado de Lisboa. Está previsto que mañana la Comisión europea informe de las conclusiones de la reunión. Si se observara que Francia no ha cumplido la legislación europea, podría abrirse un procedimiento de infracción.

Pero Francia no quiere problemas con Bruselas y se muestra colaborador. Ha propuesto un plan a la comisaria Malström para reforzar la cooperación judicial y luchar contra las mafias que trafican con seres humanos, y otro para incentivar la integración de la comunidad romaní en la UE.

La cuestión es que los gitanos expulsados de Francia son ciudadanos comunitarios de Rumanía y Bulgaria desde 2007, aunque Francia, como otros países, mantiene una moratoria que puede llegar a 2014 para restringir la entrada de los ciudadanos de esos países en su mercado laboral. euroXpress