Un catálogo de las prácticas abusivas del mercado de los alimentos y su prohibición expresa por parte de la UE con una lista pública de las empresas que no cumplan las normas ayudaría, según el informe que ha sido aprobado por el Parlamento Europeo, a terminar con las prácticas abusivas.

Los Países deben elaborar códigos de buenas prácticas comerciales, alentar a los consumidores a que reclamen y establecer sanciones económicas contra los abusos.

El informe señala que las llamadas «marcas blancas» (las que elaboran las propias cadenas de supermercados) tienen un impacto desfavorable sobre los productores en general y los pequeños en particular que no reciben un trato justo.

Para evitarlo, los principales distribuidores, transformadores, mayoristas y minoristas deberían estar obligados a presentar un informe anual sobre sus cuotas de mercado en los alimentos clave, incluidas las marcas blancas que elaboren y el volumen mensual de sus ventas.

Desterrar los contratos abusivos con contratos tipo que, ha señalado, deberían ser obligatorios en algunos sectores.

José Bové ha explicado que el agricultor se lleva un 20% del margen de beneficios de los alimentos, frente al 31% que recibía hace 15 años, esa diferencia se la quedan los grandes distribuidores y transformadores. Ha hecho hincapié en el desconocimiento existente, por ejemplo, de los costes de producción de sectores como el de la leche.

Por ello, urge la implantación del observatorio europeo de precios de los alimentos que hace tiempo propuso la Comisión Europea. Así como de un observatorio mundial de materias primas agrícolas que pueda parar la especulación y «sacar» a estos productos de la burbuja en la que se mantienen y que permite aprovecharse a las grandes entidades financieras y aseguradoras.

Bové se ha referido al incremento reciente del precio de los cereales en un 40%, que perjudica a los ganaderos europeos y que ha provocado revueltas como la de la semana pasada en Mozambique que terminó con siete muertos.