La resolución aprobada fue presentada por los grupos socialista, liberal, verde e izquierda unitaria en ella se recuerda que tomar las huellas de los gitanos que están siendo expulsados es ilegal y contrario a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Subraya que l«a falta de recursos económicos en ningún caso podrá tener consecuencias automáticas de expulsión de ciudadanos de la UE»y que las restricciones a la libertad de circulación y la expulsión de ciudadanos solo puede ser en circunstancias excepcionales.

El Parlamento lamenta profundamente «la respuesta tardía y limitada» de la Comisión Europea en su calidad de guardiana de los Tratados y le echa un rapapolvo diciendo que debe comprobar la coherencia de las medidas de los Estados miembros con la legislación de la UE. Que debe respaldar firmemente los valores y principios consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales y reaccionar con prontitud ofreciendo «un análisis exhaustivo de la situación en Francia y en todos los Estados miembros».

Afirma además, que la situación de los gitanos en Europa no puede afectar a la adhesión de Rumanía y Bulgaria al área Schengen, ni a los derechos de sus ciudadanos.

Por su parte el ministro francés de inmigración, Eric Besson, ha respondido que «está descartado que Francia suspenda las reconducciones a los países de origen, sean rumanos, búlgaros u otros ciudadanos.»