El próximo 12 de octubre, la Comisión Europea presentará unas propuestas legislativas para la reforma de la Política Agraria Común (PAC), encaminadas a conseguir los objetivos marcados por la Estrategia 2020. El tema más polémico es el de las ayudas. Bruselas pretende que sean más equitativas con un componente claramente ecológico y de lucha contra el cambio climático. España recibe en la actualidad unos 7.500 millones de euros al año de la PAC.

Las propuestas parten de un informe que presentó la Comisión el año pasado y que ha suscitado un gran debate en los Estados miembros que han cerrado filas para no perder dinero. El presidente francés, Nicolás Sarkozy, lo ha dejado muy claro diciendo que bloqueará la reforma de la PAC si no se mantiene su presupuesto global «euro por euro». Aunque se mostró de acuerdo con que se discutan las «condiciones de distribución» porque «una PAC justa es más fácil de defender».

En España la ministra de Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha llamado a los agricultores a fijar una postura común que defender en Bruselas en el próximo consejo. El secretario de Estado de Agricultura, Josep Puxeu, ha cuantificado las ayudas que España puede recibir en el periodo 2014-2020, en 6.400 millones de euros. Refiriéndose a las nuevas partidas para investigación y desarrollo agrario y agroalimentario que pueden sustituir a otras tradicionales y que pueden compensar a sectores afectados por acuerdos de asociación con terceros países.

El Copa-Cogeca, el sindicato agrario más importante a nivel europeo, cree que la reforma debe asegurar un sector dinámico y competitivo para lo que es esencial mantener el presupuesto y el principio de solidaridad financiera. Los fondos destinados a la PAC, pasarán de 57,4 mil millones de euros en 2013 a 50,2 mil millones de euros en 2020. Lo que representa el 33% del presupuesto de la UE.

Por su parte, la propuesta primordial de la PAC reformada serán los servicios adicionales ambientales que deberán cumplir los agricultores. El 30 % de las ayudas directas irán a aquellos que respeten diversas medidas medioambientales. Bruselas, quiere limitar las ayudas a los «agricultores activos», para evitar que en la realidad vayan a la construcción de aeropuertos con o sin aviones o clubs de golf. Sin embargo la redistribución no llegará hasta los grandes propietarios y beneficiarios de las ayudas, como la reina de Inglaterra o el Duque de Windsor en Reino Unido o la duquesa de Alba en España que continuarán recibiéndolas.