La CE prepara el nuevo reparto de ayudas en su presupuesto multianual 2014-2020 y ha confirmado que cuatro comunidades autónomas españolas mantendrán parte de los fondos de cohesión que perciben ahora. Son regiones en transición, que ya no son objetivo prioritario para la UE, pero cuyo PIB está entre el 75% y el 90% de la media comunitaria. El reglamento presentado en Bruselas fija las condiciones y prevé suspender las ayudas a los países con procedimientos abiertos por déficit excesivo.

La Comisión Europea decidió crear esa categoría de regiones en transición para que no perdieran los fondos de golpe aquellas cuyo PIB todavía no se acerque al 100% de la media de la UE. Deben destinar el 80% de las ayudas del FEDER a proyectos de eficiencia energética y energía renovable, innovación y fomento de la competitividad de las Pymes; y el 20% de las ayudas del Fondo Social Europeo a la lucha contra la exclusión social y la pobreza.

Los comisarios europeos de Política Regional y de Empleo, Johannes Hahn y Lazlo Andor, respectivamente, han anunciado que disponen de un presupuesto de 376.000 millones de euros, casi un 37% del presupuesto de 1,025 billones de euros que la CE ha propuesto para el periodo 2014-2020. De esa cantidad, 38.900 millones irán para las regiones en transición.

Dos tercios de los fondos se destinarán a las regiones menos desarrolladas y un tercio se repartirá entre las más desarrolladas y las que están en transición. La UE financiará como máximo el 60 % de los proyectos de las regiones en transición. El 40 % restante cofinanciarán las regiones.

Ayudas versus déficit

La gran novedad de la nueva política de cohesión que propone Bruselas es que puedan suspenderse las ayudas a los países que no cumplan los objetivos de déficit. Ahora, 23 de los 27 Estados de la UE tienen procedimientos abiertos por déficit excesivo. Sólo se salvan Luxemburgo, Estonia, Suecia y Finlandia.

La suspensión de las ayudas de la UE se aplicará al Fondo de Cohesión (FC), al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).

Aunque los comisarios subrayan que la medida solo se aplicará en última instancia y que habrá flexibilidad para los países con más necesidades, la retirada de fondos ha tenido duras críticas de los eurodiputados, entre ellos los españoles. La ponente del informe en la Eurocámara, la popular Elisabeth Morin-Chartier, considera que la propuesta de la Comisión impone un doble castigo a los países más pobres, que son los que dependen de la ayuda europea. La idea, sin embargo, está apoyada por la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy.

Bruselas se propone conseguir más eficacia en las ayudas y acercar los objetivos a la Estrategia 2020 de la UE. El comisario de Politica Regional lo resumía así: «La política de cohesión ya ha hecho una gran contribución a la prosperidad en la UE, pero con la crisis económica, debe convertirse ahora en un motor de crecimiento y de competitividad. Con nuestras propuestas, los Fondos de la UE deberán dar aún más de sí. Tendrán una repercusión mucho más fuerte porque sus inversiones se dirigirán a los campos fundamentales para el crecimiento: las pequeñas y medianas empresas, la innovación y la eficiencia energética. Y estamos modernizando las políticas centrándolas en el rendimiento y los resultados, adoptando unos procedimientos más sencillos e incentivando a quienes trabajen de la manera más eficaz».

El proyecto de la Comisión Europea todavía tiene que conseguir el visto bueno del Parlamento Europeo y los Estados miembros.