Dirigentes europeos de la comunidad gitana alertan del  notable aumento de la discriminación que sufren en la Unión Europea. Preocupa, sobre todo,  la actitud y el mensaje que trasmiten muchos partidos políticos, que los culpan de todos los males. No son solo los ultraderechistas. La UE tiene en marcha una estrategia para mejorar la vida de los «roma», pero falta voluntad política de los Estados. Portugal se suma a otros países con situaciones graves, como Bulgaria, Francia o  Italia.

Por Mario Queiroz

LISBOA, (IPS)  -Lo han denunciado Dezideriu Gergely, director ejecutivo del Centro Europeo para los Derechos Romaní (ERRC, por su acrónimo en inglés), y la responsable jurídica de esa agrupación, Lydia Gall, durante una visita de dos días a Lisboa esta semana para denunciar las pésimas condiciones de vivienda de su pueblo en Portugal.

Las políticas claramente dirigidas contra los gitanos se comprueban especialmente en Bulgaria, Francia, Hungría, Italia, Eslovaquia, República Checa y Rumania, pero, en lo referente a las condiciones de vida, «Portugal no es tan diferente de esos países», afirmó la abogada y activista del ERRC, con sede en Budapest.

Gergely, citando en especial los casos de Bulgaria, Rumania y Hungría, precisó que, «en muchos países, la situación de las comunidades de la etnia romaní, en lugar de mejorar, va de mal en peor». En muchos países de Europa «hay partidos que han identificado como blanco de sus ataques a los gitanos, mediante un lenguaje cada vez más agresivo y peligroso, no solo de la extrema derecha, sino también de partidos conservadores y de centro», añadió.

Este discurso ha intentado «convertir al pueblo romaní en chivo expiatorio de una serie de problemas sociales, mediante un mecanismo en que los gitanos son generalmente culpados de estos problemas y, lo que es más peligroso, es que esta idea ha ido tomando cuerpo en la opinión pública», se lamentó el activista.

Citó con especial preocupación los casos de Italia y de Francia, que demuestran que estas situaciones «no son particulares en los países de Europa central y oriental, sino también en occidente, donde se verifica una acción política cuyo objetivo son los gitanos». Italia estableció un estado de emergencia «para tratar lo que ellos llaman 'el problema de la inmigración', pero que fundamentalmente se centra en los gitanos, mientras que en Francia han obligado a regresar a sus países a comunidades romaní enteras procedentes de Bulgaria y Rumania».

Portugal, también en la lista negra

El ERRC acusó en abril de 2010 al gobierno portugués de no haber cumplido con sus obligaciones de derechos humanos en términos de la Carta Social Europea Revisada.Por su parte, Gall realizó una investigación en Portugal durante cinco años, verificando denuncias sobre la construcción de muros para separar barrios sociales de gitanos del resto de los ciudadanos. La experta constató las pésimas condiciones de vida de los gitanos en Portugal.

Citó el caso extremo de Beja, 180 kilómetros al sur de Lisboa, donde se construyó un barrio social «con un muro de separación, lejos del centro urbano y cerca de una perrera, cuyas aguas servidas con excrementos de animales pasan por las viviendas, con obvias consecuencias para la salud de sus habitantes».  Otra situación preocupante es la de Rio Maior, 85 kilómetros al norte de Lisboa,« donde 14 familias gitanas fueron colocadas en casas precarias de madera, encima de una dañina mina de carbón y separadas por un denso bosque del resto de la población», detalló Gall.

La UE pone los medios, pero no la voluntad política

Sin embargo, el caso portugués es solo una muestra que ilustra «la falta de políticas de la Unión Europea (UE) que incidan en la inclusión social de las comunidades romaní y, cuando estas existen, muchas veces tienen un efecto perverso», expresó, por su parte, Gergely.   A modo de ejemplo, citó el caso de Rumania, «que construye escuela segregadas para gitanos, dentro de sus barrios».

La situación «tanto en el este como en el oeste de Europa es muy alarmante, pero también vemos que tanto la UE como el Consejo de Europa, se han tomado en serio solucionar el problema»,  precisó Gergely. Hasta fines de diciembre, «todos los países deberán proponer sus estrategias para solucionar los problemas de las comunidades romaní nacionales».

La UE «afirma que cuenta con un presupuesto de 26.000 millones de euros para inclusión social, del cual solo el 30 por ciento es usado en programas de los estados miembros, pero no sabemos qué parte es destinada a la inclusión de los romaní», expresó. «La conclusión es que conocemos los problemas y sus soluciones, tenemos las herramientas necesarias y hay dinero para eso. Lo único que falta es la voluntad política».