Diez países de la UE mantienen restricciones para que trabajadores búlgaros y rumanos accedan a sus mercados laborales, entre ellos España que obtuvo el permiso de la Comisión Europea para hacerlo hasta el 31 de diciembre del año próximo, debido al enorme paro que hay. El Parlamento Europeo quiere que esas restricciones terminen y que se defina exactamente qué condiciones son las que impiden a un país a dar permiso de trabajo a algunos ciudadanos comunitarios.

Los Estados miembros pueden prolongar dos años más, hasta diciembre de 2013, las trabas a los trabajadores búlgaros y rumanos. Necesitan el permiso de la CE, antes de diciembre de 2011, siempre que aleguen que existe «una seria amenaza» para sus mercados laborales.

El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que explique claramente qué quiere decir «graves perturbaciones de los mercados laborales o su amenaza» a los que se atienen algunos países de la UE para justificar las restricciones en su mercado laboral. Los eurodiputados dicen que los Países de la UE deben hacer una «justificación socioeconómica clara y transparente vinculada a graves perturbaciones en el mercado de trabajo» o estarían violando los Tratados comunitarios.

En estos momentos Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta , Países Bajos, Reino Unido y España mantienen restricciones al acceso de trabajadores búlgaros y rumanos a sus respectivos mercados laborales. Los eurodiputados quieren que se deroguen esas disposiciones, subrayan que en muchos de esos países se mantienen «más por presiones políticas que por un esfuerzo justificado de evitar efectos negativos en sus economías».

Según un informe de la CE los trabajadores procedentes de Bulgaria y Rumania han tenido un impacto positivo en los países en los que han trabajado. Datos recientes de Eurostat señalan que estos trabajadores no tienen una incidencia significativa en los salarios y en los índices de desempleo de los países de acogida. A finales de 2010, los trabajadores búlgaros y rumanos en otro Estado miembro representaban el 0,6% de la población total de la UE.