El eurodiputado liberal británico Edward McMillan-Scott ha presentado esta semana el estudio elaborado por la Universidad de Zurich, Tales of two cities, según el cual el 91% de los europarlamentarios considera intolerable tener que trasladarse una vez al mes desde Bruselas a Estrasburgo para celebrar los plenos de la Eurocámara. Mantener las dos sedes del Parlamento Europeo cuesta a la UE 180 millones de euros anuales.

Las quejas de sus señorías son bien conocidas. Nadie las emite en público, pero la gran mayoría lo considera una pérdida de tiempo y de dinero. La doble sede parlamentaria exige tener funcionarios en Bruselas y Estrasburgo y trasladar a 736 eurodiputados, más funcionarios, intérpretes y periodistas desde la capital comunitaria hasta la ciudad francesa doce veces al año. La Oficina de Turismo de Estrasburgo calcula que durante los días de sesión parlamentaria, la población de la ciudad aumenta en unas 7.000 personas. Si se mantuviera exclusivamente la sede de Bruselas, a lo que todos aspiran en privado, además del ahorro económico, supondría un ahorro medioambiental de 19.000 toneladas de CO2.

«En el actual contexto de austeridad, los costes económicos y medioambientales de las dos sedes ya no pueden justificarse», dijo McMillan-Scott, que considera un «anacronismo» la situación. «Estrasburgo se ha convertido en Stress-burgo», ironizó.

No es la primera campaña que se lanza a favor de la sede parlamentaria única. Antes hubo otros intentos que chocaron contra los oídos sordos de los Estados, que fueron los que tomaron la decisión en 1992 de que Estrasburgo fuera la sede permanente de los plenos de la Eurocámara, tras un acuerdo franco-alemán que quería dar un toque simbólico a favor de la paz y la unión de los pueblos de Europa.

Modificar la sede ahora requeriría modificar también el Tratado de Lisboa. Y a esto se agarra también el gobierno francés que, ante la posibilidad de perder una sede institucional europea de esa importancia, ya ha dicho por boca de un portavoz del Quai d’Orsay, que la cuestión de la sede está fijada legalmente en los tratados, es vinculante para los Estados y para las instituciones.