Por Juan Cuesta. Presidente de Europa en Suma

Que los ciudadanos puedan impulsar la elaboración de nuevas normas en la UE es sin duda una excelente noticia. En primer lugar, porque el solo hecho de que puedan surgir esas iniciativas ya supone un paso adelante de enorme trascendencia en el camino hacia una opinión pública europea. El reglamento indica que es necesario un comité formado por ciudadanos pertenecientes a siete países europeos para lanzar una propuesta y buscar el respaldo de un millón de firmas; y eso, ya obliga a debatir, compartir y avanzar entre ciudadanos de diversos estados. Y, en segundo lugar, porque está comprobado que los políticos no siempre coinciden con las sensibilidades de la ciudadanía. Bienvenido, pues, ese soplo de aire fresco que unos y otros, de aquí y de allá, podamos insuflar.

Claro que hemos podido asistir a alguna que otra campaña en las que se denunciaba que los controles que el reglamento establece para impedir iniciativas frívolas o vejatorias contribuían a cercenar una iniciativa, de entrada, favorablemente recibida. El circo europeo es variopinto y buena muestra de ello es la propia composición del Parlamento. Parece razonable, pues, que se pueda denegar el registro a las propuestas que sean manifiestamente contrarias a los valores de la Unión.

En cualquier caso no olvidemos que la finalidad de la iniciativa es que el asunto propuesto se incluya en la agenda de trabajo de la Comisión, pero quede claro que sólo está obligada a prestarle atención y a motivar con claridad su respuesta, en caso de que sea negativa. Y acaba la historia: no hay posibilidad de recurso para este análisis político. Esto podría ser interpretado como una puerta abierta para que la Comisión actúe discrecionalmente y pueda eliminar iniciativas políticamente molestas y ha sido una de las denuncias formuladas por gentes que se reclamaban de radicalismo democrático. Y, en parte, no les falta razón. Claro que, para eso, están las instituciones. Y en este caso el Parlamento, mucho más lejos de los estados, de los gobiernos de los estados y, afortunadamente, de la disciplina de los partidos nacionales. El hecho de que los promotores de una iniciativa ciudadana puedan presentarla en audiencia pública en el Parlamento debe tranquilizar en parte esas dudas democráticas.

Además, sí cabe recurso para la decisión sobre el registro o no de las iniciativas propuestas, decisión que debe basarse en razones exclusivamente legales y, por tanto susceptibles de recurso por vía judicial o extrajudicial sobre las que debe informar la propia Comisión a los promotores.

Estamos, pues, ante una posibilidad de participación democrática que estoy convencido va a ser aprovechada por la sociedad civil, una sociedad civil europea cada vez más articulada e interconectada. Hay que animar a hacerlo y hay que sumarse a las iniciativas que nos lleguen y que coincidan con nuestras aspiraciones y nuestros sentimientos. Es una oportunidad de agitar, de remover un poco la anodina vida política comunitaria y es una oportunidad de profundización en una democracia europea en construcción.

Siempre nos hemos quejado –y con razón- de la lentitud en la toma de decisiones de la Unión, incluso en momentos decisivos de la crisis financiera, momentos en los que la celeridad en la respuesta era la única garantía de éxito. Pero hemos comprobado con tristeza que Europa da la impresión de correr siempre detrás de un futuro que ya ha pasado. Si los estados no dan pasos decididos hacia la Unión Política y Monetaria, nos corresponde a los europeístas hacerlo. Evidentemente la iniciativa ciudadana europea no va a resolver este grave déficit, pero puede ayudar a crear conciencia de ciudadanía europea y eso es un paso imprescindible para el surgimiento de una opinión pública europea digna y respetada.