Se calcula que unos cinco mil norteafricanos, en su mayoría tunecinos, se mueven sin destino ni condiciones higiénicas por la pequeña isla italiana de Lampedusa a la espera de poder viajar a otros países de Europa . El gobierno italiano no parece capaz de resolver el colapso, acusa a la Comisión Europea de falta de ayuda y a los socios comunitarios, de falta de solidaridad. Los críticos de Berlusconi le reprochan no haber hecho nada para resolver la situación y ahora explotar el caso en beneficio propio.

El ministro de Exteriores, Franco Frattini, ha declarado que no es una cuestión de dinero y ha reclamado a Bruselas un plan para distribuir en los Estados de la UE a los 15.000 inmigrantes que han llegado a Italia desde que comenzaron las revueltas en el norte de África. El argumento es que la mayoría de los irregulares que se encuentran en Lampedusa no son refugiados políticos, sino inmigrantes que  quieren pasar a Francia para buscar trabajo. Por eso, Fratini ha acusado también al gobierno de París de falta de solidaridad.

Pero el argumento se vuelve en contra, porque Bruselas responde que al tratarse de inmigración por motivos económicos, las autoridades italianas son las responsables. El jefe de la diplomacia italiana ha recordado que «desde hace años existe una ley europea que prevé con claridad que cuando hay flujos migratorios imprevistos, la Unión Europea tiene que adoptar un plan extraordinario que incluye la distribución de los clandestinos a otros países miembros».

La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, afirma que se ha ayudado a Italia desde el primer momento para afrontar la crisis con casi siete millones de euros y una alta participación en los costes de repatriación, además de aumentar el despliegue de Frontex, la agencia europea de control de fronteras, en el Mediterráneo.

Malmström y su colega europeo encargado de la Ampliación, Stefan Füle, están este jueves en Túnez, donde piden la colaboración del gobierno de transición para evitar la inmigración masiva a Europa y el retorno de los irregulares.

El ministro italiano del Interior, Roberto Maroni, advierte de que el problema aún se puede agravar más y que podrían llegar a Italia hasta 80.000 indocumentados tunecinos, sobre todo, a Lampedusa, una isla de 20 kilómetros cuadrados y 5.000 habitantes. Para evitarlo ha pedido a la UE cien millones de euros y una misión conjunta.

Médicos del ministerio de Sanidad italiano y de la Organización Mundial de la Salud han denunciado el hacinamiento y las precarias condiciones higiénicas de los inmigrantes y advierten del alto riesgo de epidemias.

Mientras el primer ministro, Silvio Berlusconi, ha reinventado el futuro de Lampedusa en una visita a la isla planteada como un show de promesas de Il Cavaliere. Anunció  un plan de liberación para que la isla quede limpia de inmigrantes en 60 horas, trasladándolos a otros puntos de Italia, además de nuevas infraestructuras para potenciar la imagen turística, carburantes baratos para los pescadores, burocracia cero para nuevos negocios, incluso la petición de que se conceda a la isla el Premio Nobel de la Paz, por ser la frontera entre un mundo sin democracia y el mundo Occidental y Europa, donde existe la democracia y el bienestar.

Los críticos de Berlusconi consideran que ha aprovechado la crisis migratoria para reforzar su imagen frente a los escándalos y los procesos judiciales abiertos.