El gobierno español ha defendido ante la Comisión Europea su política sobre violencia de género y ha calificado de «injustas e inmerecidas» las críticas que ha recibido de la comisaria de Justicia, Viviane Reding, quien aseguró que en España la protección a las víctimas es «muy baja».

Durante la presidencia española de la UE, Reding y algunos estados comunitarios rechazaron la propuesta española de euroorden para protección de mujeres maltratadas por considerar que no tenía suficiente base jurídica y ahora la Comisión ha presentado su propia propuesta descalificando la actuación española.

El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, ha escrito una carta a la comisaria Reding, en la que lamenta las declaraciones dado el papel impulsor del gobierno español en esa materia: «me han causado una enorme sorpresa y estupor sus declaraciones, que no compartimos en absoluto y que rechazamos enérgicamente».

López Garrido recuerda a la comisaria que en España se han incoado y adoptado 140.936 órdenes de protección entre el segundo semestre de 2005 y el primer semestre de 2010 y que ha creado tribunales específicos para juzgar casos de violencia de género en todas las demarcaciones judiciales del país.

Se recuerda también a Bruselas que en España las víctimas disponen de ayudas económicas, medidas de apoyo para su contratación laboral, servicio de asistencia telefónica gratuito y autorización especial de residencia temporal para las mujeres extranjeras.

«El que las mujeres y otras víctimas, en España y en toda Europa, sufran violencia, no puede dar lugar a una crítica tan acerada y personalizada contra uno de los países que está encabezando la lucha contra tal violencia y que ha situado esta lucha en la agenda de Europa», dice López Garrido, quien apuesta por la colaboración entre todos los países e instituciones de la Unión para seguir protegiendo a las víctimas.

La Comisión ha presentado esta semana un paquete de medidas para que los europeos que sean víctimas de un delito puedan recibir protección en cualquier país de la UE, con especial atención a las mujeres maltratadas, que podrán pedir medidas de protección en el Estado comunitario en el que se encuentren.

Uno de los puntos controvertidos es que Bruselas no aclara si se garantiza el derecho reconocido en España al secreto de ubicación de las víctimas  de violencia de género. Al contrario, el proyecto contempla que los agresores de cualquier tipo de delito sean informados del país de la UE al que se ha desplazado su víctima a fin de que puedan identificar la zona a la que no pueden acercarse conforme dictamine la orden de alejamiento o condena que pese sobre ellos.

La comisaria europea ha indicado que estas cuestiones se abordarán durante el trámite de la propuesta en el Parlamento y en el Consejo.