Los nuevos planes cuentan a priori con el rechazo de la industria y con buena cara por parte de los ecologistas.  El punto más polémico es que obligaría a las compañías energéticas a reducir el 1,5% anual de su volumen de ventas de gas y electricidad como medida de ahorro.

La Comisión Europea aclara que no se trata de recortar la facturación de las empresas, sino el volumen de energía consumida. Los ingresos se compensarían con soluciones de aislamiento en tejados, doble acristalamiento o sistemas de calefacción más eficientes. La cuestión es ahorrar energía y se prevén sanciones para quien no cumpla.

Como previsiblemente el recorte será un problema en la mayoría de los Estados, Bruselas da alternativa para que se llegue al mismo objetivo con planes distintos. Considera posible además aumentar la producción industrial sin que se tenga que aumentar el gasto energético en la misma proporción y asegura que esta práctica ya se realiza con éxito en países como Reino Unido, Francia o Dinamarca.

«Nuestra propuesta pretende hacer más eficiente el modo en que utilizamos la energía a diario, así como a ayudar a los ciudadanos, autoridades públicas y a la industria a gestionar mejor su consumo energético», indicó el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger.

El sector público también deberá reforzar sus obligaciones para dar ejemplo. Sus edificios, bienes y servicios tendrán que ser eficientes energéticamente. Habrá que reducir el consumo y hacer obras de renovación cada año en un 3% de la superficie total, como mínimo.

Para los consumidores, contadores individuales inteligentes, más precisos, para que los usuarios sepan lo que están gastando y las compañías hagan un cálculo real del consumo y no aproximado. La nueva directiva propone además incentivos para mejores prácticas en las pymes y control de los niveles de eficiencia de las nuevas instalaciones de producción de energía.

Ahora comienza la larga tramitación de la legislación europea. La Comisión confía en que la directiva esté aprobada en octubre de 2012 y sea vinculante un año después. En 2014 evaluará lo conseguido y, si no es suficiente, se planteará convertir en obligatorio el objetivo del 20% de ahorro energético en 2020.