Se pretende gravar los productos poco sanos con una tasa de 10 forint, casi 4 céntimos de euro, además de aumentar un 10% el impuesto de licores y refrescos. De esta forma, el gobierno húngaro espera recaudar unos 111 millones de euros que se destinarán al Sistema Nacional de Salud, que ahora tiene un déficit de 371 millones de euros.

Recaudar no solo es el objetivo, dicen, sino frenar el aumento de problemas de salud relacionado con estos productos. La aplicación del impuesto presumiblemente reducirá el consumo de bollería industrial, por ejemplo, pero no va a ser fácil cuando se trate de establecer qué tasa corresponde a productos de comida rápida, como las pizzas o las hamburguesas, con diferentes ingredientes.

La industria alimentaria considera la medida discriminatoria y argumenta que los productos con grasa, azúcar o sal no son perjudiciales si se toman con moderación. Como dato, dicen que el impuesto que grava los dulces en Dinamarca no ha conseguido parar la tasa de obesidad. Según una encuesta del Instituto Nezopont, el 54 % de los húngaros apoya el “impuesto a la grasa”, aunque ya se ha criticado que perjudicará a las clases más populares.

El partido nacionalista Fidesz, en el gobierno de Hungría, se está caracterizando por tomar medidas atrevidas y polémicas. Creó un impuesto de crisis para cadenas comerciales, operadores de telefonía y compañías energéticas extranjeras que no gustó a la Comisión Europea y tuvo que retocar la Ley de Medios de Comunicación, por exigencia de Bruselas.