España, Alemania y Francia rechazan dar más poder a Bruselas para decidir sobre el cierre de fronteras. La reforma del tratado de Schengen preparada por la Comisión Europea no convence, porque prevé la autorización de la UE para que un Estado firmante del tratado decida establecer controles temporales en las fronteras interiores por alguna situación excepcional. En Madrid, Berlín y París quieren que siga siendo una responsabilidad exclusivamente nacional.

Los ministros de Interior de los tres países han difundido un comunicado conjunto, en el que rechazan abiertamente dar más poderes a la Comisión Europea para decidir en cuestiones de seguridad fronteriza. Dicen que «la decisión sobre la introducción de controles temporales en las fronteras interiores se basa en análisis exhaustivos de la situación de la seguridad nacional, que sólo pueden llevar a cabo los Estados miembros basándose en los recursos y conocimientos de sus fuerzas de seguridad».

El ejecutivo comunitario tiene previsto presentar el próximo viernes la reforma del tratado de de libre circulación. Según el borrador, los Estados deberán pedir permiso a Bruselas para reintroducir controles fronterizos durante más de cinco días y conseguir el apoyo de la mayoría de los socios firmantes del tratado. La Comisión Europea argumenta que de esta manera se evitarían decisiones unilaterales que pongan en riesgo el espacio Schengen.

La reforma se planteó a petición de Italia y Francia, para facilitar la reintroducción de controles fronterizos en caso de flujos masivos de inmigrantes, como ocurrió tras el estallido de las primaveras árabes en Túnez y Libia. Italia facilitó a los inmigrantes su marcha hacia Francia y el gobierno de Sarkozy llegó a impedir el paso de trenes que procedían de allí.

La actual normativa ya permite a los Estados establecer controles fronterizos por motivos de seguridad, como ha hecho Dinamarca, pero Francia quería incorporar la presión migratoria como otra causa, aunque sin tener que consultar a la UE ni necesitar su aprobación.

Con el rechazo de tres de los países grandes de la UE, los cambios en el tratado propuestos por Bruselas tienen pocas posibilidades de salir adelante. La reforma necesita la aprobación de los gobiernos y del Parlamento Europeo.