Ya se conoce la propuesta de la Comisión europea para la reforma del Tratado de Schengen. En realidad son dos una de supervisión del cumplimiento del Tratado y otra en la que se define el mecanismo al que se debe acudir en caso de que sea necesario cerrar alguna frontera interna. Hace tres días España, Alemania y Francia difundían un comunicado conjunto en el que rechazaban perder autonomía frente a la CE en el caso de tener que establecer controles fronterizos interiores. La comisaria de Interior, Cecilia Malmstöm, ha presentado este viernes la propuesta de la Comisión que precisamente deja claro que será la que decida.

«Nuestras propuestas introducirán un sistema europeo de toma de decisiones que reforzará la confianza entre los Estados miembros y que hará que el espacio Schengen esté mejor equipado para enfrentarse a futuros desafíos y a acontecimientos imprevistos», ha dicho Malmström, al presentar las dos Comunicaciones de la CE, que prometen un jugoso debate en el Parlamento y en el Consejo antes de ser aprobadas definitivamente.

El cumplimiento de las normas de Schengen se vigilarán de cerca por un equipo que encabezará la Comisión europea y estará integrado por expertos de otros Estados miembros y Frontex -la Agencia de fronteras de la UE- que girarán visitas de supervisión a los diferentes países que pueden estar precedidas por un aviso de su llegada o no. Otra novedad importante será un informe sobre el funcionamiento del Tratado que la propia Comisión llevará dos veces al año ante el Parlamento y el Consejo europeos.

El punto más polémico es la creación de un mecanismo de la UE que permitirá a la CE proponer cuando se debe cerrar una frontera interna. En el caso de acontecimientos previstos de antemano como cumbres políticas o económicas de gran relevancia o eventos deportivos de máxima rivalidad, la CE respaldada por una «mayoría cualificada» de expertos de Estados miembros tomarán la decisión. Los motivos serán los mismos que en el antiguo Tratado, que sea necesario para prevenir una amenaza grave del orden público o de la seguridad interior. Los controles se podrán establecer por un periodo renovable de 30 días.

En el caso de un problema inesperado y grave que necesite una solución inmediata, los Gobiernos podrán actuar de forma unilateral restableciendo los controles fronterizos pero solo por un periodo de cinco días, si es necesario prorrogarlo será con autorización de la CE.

Si se tratara de una situación grave en la que un Estado miembro no pudiera proteger de forma adecuada su frontera exterior se echará mano del apoyo de Frontex, Europol o la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), incluso de apoyo técnico y financiero europeo, en último caso se tomaría la decisión de cerrar de forma temporal las fronteras interiores del país afectado.