Rumanos y búlgaros continuarán necesitando el pasaporte para entrar en la UE, a la que pertenecen, como miembros de pleno derecho, desde 2007. Este jueves no han logrado convencer a los ministros europeos de Interior de sus avances en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y se ha impedido su entrada en la zona de libre circulación. En la misma reunión, se ha rechazado que la Comisión Europea controle el cierre de fronteras por motivos de seguridad o presión migratoria. Cuestión de soberanía.

Rumania y Bulgaria contaban con la promesa del resto de socios comunitarios para formalizar su entrada en el espacio Schengen después del verano. Lo ha recordado el ministro del Interior de Polonia, Jerzy Miller, que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo, para añadir que «hoy, la promesa ha sido incumplida…Ello me lleva a una triste conclusión sobre la confianza entre los estados miembros».

Holanda y Finlandia han bloqueado el acuerdo para que los dos países más pobres de la UE gocen de la mayor conquista del club europeo: la libre circulación de personas y mercancías. «Además de comprometerse con las normas, uno debe cumplirlas también. La existencia de una extensa corrupción pone en peligro el seguimiento de las normas», ha dicho en un comunicado el ministro finlandés del Interior, Paivi Rasanen.

Se acusa a los dos países de tener vías ilegales de entrada de armas y droga a Europa, de tráfico de personas y de esclavitud sexual. Sin mencionar expresamente, está además el miedo a una inmigración masiva de rumanos y búlgaros a otros países europeos, donde su presencia está ya provocando problemas.

Los Estados decidirán sobre el cierre de sus fronteras

Los ministros de Interior han rechazado también hoy la propuesta de la Comisión Europea para reformar el tratado de Schengen en cuanto a los controles fronterizos. Bruselas proponía que no hubiera decisiones unilaterales y que los gobiernos estén obligados a pedir permiso a Bruselas por cualquier cierre de fronteras que dure más de cinco días, ya sea por cuestiones de seguridad o de presión migratoria, y que se consiga el apoyo de una mayoría de Estados miembros.

Los titulares de Interior consideran la propuesta del ejecutivo comunitario un error estrátegico tremendo. Se reclamaba más flexibilidad y se proponen más controles. El español Justo Zambrana, secretario de Estado de Seguridad, ha señalado que «los temas de orden público y seguridad nacional son el último reducto de la soberanía de los Estados y no parecía razonable someterlos a la adopción de decisiones de la Comisión».