La Comisión Europea ha dado dos meses de plazo a España para que corrija las deficiencias que hay en la aplicación de la normativa europea sobre bienestar animal. No se cumple lo establecido para proteger a los animales en el momento de su sacrificio, ni la legislación en materia de alimentos, ni en lo relativo a salud animal. Si el gobierno español no subsana esas deficiencias en el plazo establecido, el asunto podría llegar al Tribunal de Justicia de la UE.

Según explica la Comisión Europea, en varias auditorías efectuadas en España por la Oficina Alimentaria y Veterinaria se observaron graves deficiencias sistemáticas. Fallan los métodos, los equipos, las inspecciones, las medidas correctoras y las sanciones que deben imponerse ante las infracciones.

Pero además se han observado incumplimientos en dos normas comunitarias concretas: la directiva sobre prácticas de sacrificio para minimizar el sufrimiento de los animales y el reglamento que establece las normas para verificar el cumplimiento de la legislación sobre piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales.

La Directiva comunitaria establece que no se causará a los animales agitación, dolor o sufrimiento evitables durante las operaciones de sacrificio y matanza, u otras relacionadas, ni en los mataderos ni fuera de ellos. Esta norma general se aplica a las operaciones de desplazamiento, estabulación, sujeción, aturdido, sacrificio o matanza. Los mataderos deben estar construidos y equipados de forma que se ajusten a dicha norma. El personal encargado del sacrificio debe tener la aptitud, la destreza y los conocimientos profesionales necesarios. A los animales se les debe aturdir antes de su sacrificio, o dar muerte de forma instantánea.

El reglamento correspondiente establece normas generales para la realización de controles oficiales a fin de comprobar el cumplimiento de las normas orientadas, en particular, a prevenir, eliminar o reducir los riesgos para las personas y los animales, a garantizar prácticas equitativas en el comercio de piensos y alimentos y a proteger los intereses de los consumidores. Establece asimismo la obligación de que las autoridades nacionales llevan a cabo las inspecciones, adopten medidas correctoras e impongan sanciones.