En el futuro ningún país del espacio Schengen podrá decidir unilateralmente el cierre de sus fronteras. Por lo menos eso es lo que plantea la Comisión Europea, que tiene ya preparada la reforma del tratado de libre circulación, promovida a raíz de las tensiones entre Francia e Italia cuando ambos países se vieron sorprendidos por una oleada de inmigrantes del Norte de África. La propuesta de Bruselas es que las decisiones se tomen a nivel europeo.

La nueva norma supone una pérdida de soberanía de los países firmantes del Tratado, de modo que no es fácil que salga adelante en los términos planteados por el ejecutivo comunitario. Las reglas de Schengen permiten ahora que un Estado restablezca controles ante situaciones imprevistas sin ninguna autorización.

La  nueva propuesta es que los Estados no podrán cerrar sus fronteras por decisión propia. Tendrán que pedirlo a la Comisión Europea y justificar la necesidad. Desde Bruselas se someterá a la aprobación de una mayoría cualificada de países, que dará su aprobación o no a la medida.

Se prevén casos excepcionales e imprevistos, en los que un Estado podrá reintroducir sus controles fronterizos durante un periodo máximo de cinco días, tras los cuales deberá tener la aprobación de Bruselas para prorrogarlo.

Posiblemente no era esta la reforma que se esperaba desde varios Estados europeos cuando impulsaron la reforma del Tratado de libre circulación, sino más bien la en el sentido de dar más margen de maniobra a los firmantes para actuar sobre sus propias fronteras. Dinamarca decidió en mayo poner controles aduaneros y lo justificó por la lucha contra el crimen organizado.

La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, aceptó revisar el Tratado a regañadientes y ahora parte de la base de que la libre circulación por Europa es de interés común más que individual. Su portavoz ha dicho que «si queremos un mejor Schengen, tendremos que hacerlo con más Europa en Schengen».