Si en todos los países miembros se cumpliera la legislación de la Unión Europea sobre residuos, se conseguiría un ahorro de 72.000 millones de euros cada año, habría más negocios ligados a la gestión de residuos y al reciclado y unos 400.000 puestos de trabajo más de aquí a 2020.

En la UE se utilizan 16 toneladas de materiales por persona y año, de las que 6 toneladas se acaban convirtiendo en residuos y la mitad va a parar a los vertederos. El último informe de la Comisión Europea sobre aplicación de la legislación de residuos de la UE dice que las operaciones ilegales que se llevan a cabo para eliminar las basuras en los diferentes países están provocando una pérdida considerable de oportunidades de trabajo.

El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik explica que si se aplicara la legislación en vigor se ahorrarían costosas operaciones de limpieza, contaminación y problemas de salud. Sin olvidar que los materiales reciclados son más baratos que los nuevos, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y evitan tanta dependencia de las importaciones.

El estudio hace un análisis pormenorizado de lo que sucedería si se aplicaran las normas escrupulosamente. El volumen de negocios del sector de la gestión de residuos y reciclado en 2008 fue de 145.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente el uno por ciento del PIB de la UE y dos millones de puestos de trabajo. Si se cumpliera la estrategia de la Unión el sector llegaría a crear, según la Comisión Europea, 2,4 millones de puestos de trabajo y un volumen total de negocio anual de 187.000 millones de euros.

El informe señala que en los precios de los artículos no suele figurar el verdadero coste de su eliminación y eso hace que los ciudadanos se despreocupen. Además, de que muchos Estados miembro carecen de la infraestructura adecuada para la recogida selectiva, el reciclado y la recuperación.

Las principales conclusiones del informe son: en primer lugar la falta de información que impide hacer un seguimiento sistemático de lo que hacen en los diferentes países, necesidad de una mejor aplicación del principio «quien contamina paga» y reforzar la inspección y la vigilancia.