La Comisión Europea ha decidido sancionar a Hungría por las nuevas leyes que atentan contra la autonomía de su Banco Central, de la autoridad encargada de la Agencia de protección de Datos y por querer librarse antes de tiempo de los jueces incómodos para el Gobierno.

La CE insta al primer ministro húngaro, Viktor Orban a que modifique las leyes que lleva aprobando desde que llegó al poder por mayoría en 2010. El ejecutivo tiene un mes para hacer lo que le pide la CE antes de que esta lo lleve al Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo que puede imponer sanciones al país que está al borde de la quiebra financiera.

El portavoz del gobierno húngaro, Zoltan Kovacs, se ha apresurado a asegurar que «Hungría está dispuesta a solucionar todos los problemas con la Unión Europea».

La Comisión Europea se ha cansado de esperar una respuesta de Budapest. José Manuel Barroso ha escrito una carta en diciembre, antes de que las nuevas leyes que no se ajustan al derecho comunitario entraran en vigor a comienzos de año. Lo ha hecho también la vicepresidenta de la Comisión encargada de justicia Viviane Reding y el vicepresidente encargado de asuntos económicos, Olli Rehn, sin resultado. La decisión de este martes de iniciar el procedimiento sancionador es el último recurso.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso ha dicho que «Hungría, como cualquier Estado miembro, está obligada por los tratados de la UE ha garantizar la independencia de su banco nacional central, de su autoridad de protección de datos y de dar un tratamiento no discriminatorio a sus magistrados. La Comisión está determinada a tomar las medidas legales necesarias para asegurar el respeto a la legislación de la Unión Europea».

Viktor Orban obtuvo en 2010 una amplia mayoría de dos tercios en el Parlamento que le permite aprobar leyes y eso es lo que ha estado haciendo, entre ellas la que obliga a los jueces a adelantar la edad jubilación de los 70 a los 62 años. De esa forma se quita de encima a una serie de jueces incómodos, incluidos los del Tribunal Supremo. En lo que respecta al banco nacional, la nueva ley permite al ministro de economía asistir a las reuniones del consejo monetario del banco y establece un juramento para el gobernador y los miembros del consejo de fidelidad al país y a sus intereses. El texto plantea incompatibilidades con la asistencia del gobernador al consejo general del Banco Central Europeo (BCE), entre otras cosas.

En cuanto a la independencia judicial, La CE no encuentra motivo que justifique una bajada en la edad de jubilación de los jueces, procuradores y notarios cuando la recomendación en toda la UE es hacer todo lo contrario para todos los trabajadores. También hay objeciones en la nueva organización de los tribunales. Todas las decisiones importantes incluido el nombramiento de los jueces recaen en una sola persona y se ha destituido al presidente del Tribunal Supremo, al que le quedaban 4 años en el cargo. Algo parecido ha ocurrido con el comisario encargado de la protección de datos, cuando le quedaban tres años en el cargo se ha creado una nueva Agencia con un nuevo director y él se ha quedado en la calle. Las nueva reglamentación de esa Agencia permite al primer ministro y al presidente destituir a la nueva autoridad de protección de datos.

No es la primera vez que la CE tiene que intervenir, en enero de 2011 lo hizo para que el presidente húngaro Viktor Orban, modificara cuatro disposiciones de las nuevas leyes que atentaban contra los medios de información.

En estos momentos Hungría, que no pertenece a la zona euro, está al borde de la bancarrota y pendiente de que la UE y el FMI le concedan un préstamo cercano a los 12.000 millones de euros que está pendiente de un hilo.

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