La ley europea sobre bienestar animal de 2006 no ha dado los resultados esperados. La norma no se adapta a las distintas condiciones de los países de la UE, los Estados no la aplican correctamente y no todos los profesionales tienen los conocimientos necesarios. Con este mea culpa, la Comisión Europea ha presentado una nueva estrategia para facilitar su cumplimiento.

No se trata de hacer una nueva ley, sino de consolidar y simplificar la normativa existente, según ha explicado el comisario europeo de Sanidad y Consumo, John Dalli. «Cuando se analiza en el contexto de diversidad de climas, suelos y sistemas de explotación en el que ha de aplicarse, este ámbito de la legislación europea exige un cambio», ha dicho.

El resultado es una aplicación irregular de la ley que ahora pasará por una nueva estrategia, para el periodo 2012-2015 con el objetivo de mejorar el bienestar animal en la UE. Asegura la Comisión Europea que no se perseguirán fines mecanicistas y se hará hincapié en normas educativas y profesionales y en mejorar la información al consumidor.

Una red de centros de referencia en los países de la UE ayudará a cumplir los estándares, supervisará los resultados y buscará soluciones a problemas concretos. De momento, no se obligará a indicar en el etiquetado las condiciones de bienestar del animal, un requisito que solo se aplica a los huevos de gallina. Pero sí se exigirá que los productos importados desde terceros países cumplan los estándares europeos.

Las organizaciones agrarias y Eurogroup for Animals, donde están las organizaciones europeas que promueven el buen trato a los animales, han denunciado la falta de ambición de la UE con este nuevo planteamiento.

Según datos de Bruselas, en las explotaciones de la Unión Europea hay unos dos mil millones de aves (pollos para producción de carne, gallinas ponedoras, pavos, patos y gansos) y trescientos millones de mamíferos (vacas, cerdos, ovejas). El valor anual de la ganadería europea se calcula en unos 150.000 millones de euros. A bienestar animal la UE destina70 millones de euros anuales, en los programas de desarrollo rural o en tareas de investigación, formación o comunicación.