«El gobierno actúa como si España fuera un país intervenido». Es la conclusión de los sindicatos mayoritarios españoles, UGT y Comisiones Obreras, al analizar la reforma laboral aprobada el viernes por el Consejo de Ministros que, a su juicio, no va a crear empleo y supone un desmantelamiento del derecho del trabajo. UGT y CC.OO. consideran que la reforma se ha hecho con una plantilla ultraliberal de lucha contra la crisis, siguiendo los dictados de Bruselas.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha dicho que «este gobierno actúa sin autonomía y ha asumido la lógica de un país intervenido, cuando esa no es la situación real de nuestro país». Méndez ha comparado la actuación de España y de Portugal, para señalar que «allí la decisión no la ha tomado el gobierno, la ha tomado la troika (CE, BCE, FMI)».

En la misma línea, el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández-Toxo, ha afirmado que «es una reforma impuesta por el FMI, el BCE, Alemania y Francia, y escrita por las plumas de CEOE y FEDEA», y ha denunciado la falta de autonomía del gobierno.

Méndez ha subrayado que «estas reformas ni van a propiciar el crecimiento económico, porque ahondan en la recesión, ni van a contribuir a crear empleo, algo que ya ha reconocido hasta el propio presidente del gobierno» pero, a medio plazo, van a precarizar aún más el mercado de trabajo. Los dos sindicatos han convocado movilizaciones para el próximo día 19 y para el 29 de febrero, fecha en la que hay convocada una jornada de acción europea contra las medidas de austeridad impuestas en la UE.

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha abundado en esta idea al decir que es la «reforma del todo a 20», que ofrece una «precarización intolerable». Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, ha criticado al PSOE y ha dicho que es »incomprensible que haya algunos que se nieguen a cambiar. A los sindicatos les dice que ha habido diálogo «antes, durante y después» de la reforma laboral y que «no se conoce el caso de que ninguna manifestación creara un puesto de trabajo».

Desde la Comisión Europea se ha llamado la atención a los gobiernos españoles por la cifra de paro, calificada de «intolerable». Rajoy reconoció en una charla informal durante el Consejo Europeo que los cambios que ultimaba para el mercado de trabajo le iban a «costar una huelga general» y el ministro de Economía fue «pillado» por las cámaras en el último Consejo, diciendo al comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, que se preparaba «una reforma laboral extremadamente agresiva» aunque, una vez descubierto, matizó que iba a ser agresiva «contra el paro».

Desde su victoria en las elecciones, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado su compromiso con Bruselas para reducir el gasto público y cumplir los compromisos de estabilización de las cuentas públicas. Es el objetivo prioritario que marca la Comisión Europea, como reiteró esta semana en Madrid el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, cuando dijo que «controlando el gasto público mostramos respeto hacia las generaciones futuras». Junto a él, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, afirmó que el gobierno está demostrando que «cumple» con Bruselas y recordó el recorte de gasto público, la reforma financiera y la del mercado laboral.