Bruselas ha presentado un Libro Blanco con el que quiere dar pautas para garantizar unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles. Como es una competencia nacional, no hay obligaciones, solo recomendaciones para que «los ciudadanos obtengan lo que esperan en el momento de su jubilación».

Ahora hay 120 millones de pensionistas en la UE y la cifra se dispara porque los nacidos en el «boom» de natalidad de los años 60 llegan a la jubilación. Según datos de la Comisión Europea, por cada ciudadano mayor de 65 años, hay otros cuatro en edad de trabajar, pero la proporción cambiará a peor progresivamente, de modo que se prevé que en 2060, solo dos europeos «mantendrán» a cada jubilado. Esto supondrá un enorme incremento del gasto en pensiones que ya en estos momentos supone, de media, un 10 % del PIB de la UE.

Aunque se ha hecho poco al respecto, los Estados de la UE ya contaban con el envejecimiento demográfico, pero la crisis económica ha trastocado todavía más los planes porque la caída del empleo supone una considerable rebaja de las cotizaciones y los planes de capitalización se ven afectados por la caída del valor de los activos y la bajada del rendimiento.

Todas estas premisas, sin embargo, no llevan a fórmulas mágicas para resolverlo y las recomendaciones de Bruselas son conocidas y no siempre aceptadas por los europeos. Para empezar, la Comisión Europea se propone a los Estados a fomentar la prolongación de la vida laboral, vinculando la edad de jubilación a la esperanza de vida, restringiendo el acceso a la jubilación anticipada y eliminando diferencias entre hombres y mujeres en materia de pensiones.

En un reciente Eurobarómetro, muchos europeos se mostraban a favor de seguir trabajando después de la edad oficial de jubilación, pero matizaban que de forma voluntaria y buscando fórmulas de empleo parcialmente remunerado y compatible con parte de su retribución como pensionistas.

El Libro Blanco también propone crear mejores oportunidades para los trabajadores de más edad, instando a los interlocutores sociales a adaptar los lugares de trabajo y las prácticas de los mercados laborales y recurriendo al Fondo Social Europeo para que los trabajadores de más edad puedan acceder al empleo. Capacitar a las personas para que trabajen más tiempo es uno de los componentes centrales de 2012, Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional.

El otro gran eje de recomendaciones pasa por los planes privados de jubilación. Bruselas pide a los Estados que optimicen los incentivos fiscales y que se mejore la seguridad de los planes de pensiones complementarios, además de hacerlos compatibles con la movilidad de los pensionistas.

El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Laszlo Andor, ha reconocido que España tiene «el peor punto de partida» de la UE para afrontar el problema de las pensiones. «La cuestión es como se compagina la política de aumentar la edad de jubilación con medidas del mercado laboral para ayudar a la gente a acceder al empleo», ha dicho.