Por primera vez, un procedimiento por déficit excesivo abierto por la Comisión Europea puede tener repercusiones en los bolsillos de los ciudadanos de un Estado de la UE. Bruselas ha propuesto hoy suspender el pago de 495 millones de euros de los fondos de cohesión que corresponden a Hungría, por no haber tomado las medidas necesarias para equilibrar sus cuentas.

Oficialmente, el déficit de Hungría fue en 2011 de solo el 3,6%, pero en Bruselas se duda de los cálculos y se estima que el déficit real habría sido del 6%. El objetivo era llegar al 3% en 2011 y el gobierno de Budapest ha hecho caso omiso a las sucesivas advertencias de la Comisión para que introdujera medidas correctoras.

La respuesta de Bruselas es congelar los 495 millones de euros de ayudas comunitarias que corresponden a Hungría a partir del 1 de enero de 2013. La medida no afectará a proyectos que ya estén en marcha, sino a los nuevos que estuvieran previstos a partir de esa fecha.

El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, cree que la medida está justificada y que ahora corresponde al gobierno de Budapest actuar antes de que la suspensión entre en vigor. «Debe interpretarse como un fuerte incentivo a Hungría para que lleve a cabo políticas fiscales sólidas y crear las condiciones fiscales y macroeconómicas adecuadas para garantizar un uso eficaz del Fondo de Cohesión», ha dicho el responsable comunitario.

Hungría ha registrado déficits excesivos desde que entró en la UE en 2004. La UE ha ampliado en dos ocasiones el plazo para que el Gobierno de Budapest corrija la situación en tres años en total, según ha explicado Rehn.

La cifra de castigo preventivo corresponde al 0,5% del PIB del país, un porcentaje que se aplicará a otros países si se encuentran en la misma situación. La Comisión Europea ha analizado también los déficit de Bélgica, Chipre, Malta y Polonia, pero ha constatado que sus respectivos gobiernos están actuando para aproximarse a los criterios establecidos por Bruselas.

El titular europeo de Política Regional, Johannes Han, ha dicho que el propósito de las acciones acordadas «no es castigar, sino ser un incentivo para que Budapest ponga su casa en orden». Este asunto se superpone a otros pendientes de Hungría con la Comisión Europea derivados de su nueva legislación, en la que no queda clara la independencia del Banco Central del país y hay dudas sobre si varios aspectos de la Justicia se corresponden con el Derecho europeo.