La Comisión Europea ha decidido llevar el acuerdo internacional contra la falsificación y la piratería ante el Tribunal Europeo de Justicia para que dictamine si vulnera los derechos y libertades fundamentales de la UE. Bruselas sigue defendiendo que lo firmado no modifica la legislación europea, pero la oleada de críticas en la red y las sucesivas manifestaciones de internautas están paralizando el proceso de ratificación.

El acuerdo ACTA está ya firmado por 22 países de la Unión Europea y ahora falta la ratificación de cada uno de los Estados y del Parlamento Europeo. La Comisión Europea lo ha defendido como salvaguarda para las empresas europeas que ven sus productos falsificados en terceros países o como se vulnera la propiedad intelectual. El comisario de Comercio, Karel de Gutch, insiste en que «esto quiere decir que ACTA no va a cambiar nada en la UE, pero será importante para la UE… ACTA sólo ayuda a cumplir lo que ya es ley en la actualidad».

Sin embargo, una amplia corriente de opinión ha arrasado internet con la idea de que ACTA es un arma contra la libertad de expresión en la red y que permitirá censurar o cerrar sitios web, hasta el punto de que Bulgaria ya ha anunciado que no lo ratificará, Eslovenia y Alemania han congelado la firma hasta tener más datos y Polonia se lo está pensando.

El comisario De Gutch dice compatir la preocupación por las libertades fundamentales y entender la incertidumbre sobre lo que ACTA pueda significar, pero recurre al argumento del empleo para decir que «se trata de proteger puestos de trabajo que actualmente se pierden porque los bienes falsificados y pirateados, por valor de 200 millones de euros, flotan en los mercados mundiales».

Para cortar todas las sospechas que se ciernen sobre el acuerdo, La Comisión Europea ha decidido pedir al Alto Tribunal Europeo que evalúe si ACTA es compatible con la libertad de expresión y de información, la protección de datos y el derecho de propiedad intelectual.