Sin la publicidad acostumbrada, hace dos semanas la UE y 22 de sus Estados miembros firmaron el polémico acuerdo comercial antipiratería ACTA. Desde entonces se han sucedido las protestas de internautas que consideran la norma como un ataque a la libertad de expresión. Bruselas insiste en desmentirlo y asegura que solo refuerza la lucha contra la falsificación comercial y, en ningún caso, es una vía de censura de sitios web.

El acuerdo ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) se ha estado negociando durante años en secreto hasta que Wikileaks filtró uno de sus borradores. Formalmente, es un refuerzo internacional de protección de la propiedad intelectual que, según la Comisión Europea, ayudará al comercio y al empleo de la UE, donde se pierden anualmente 8.000 millones de euros por los productos falsificados que entran en el mercado.

La mayor preocupación que ha generado ACTA se debe a su carácter genérico, que ni siquiera se refiere nunca a internet, sino que habla de entornos digitales; y a la posibilidad de que haya sanciones penales para los proveedores de internet, obligados a vigilar los contenidos.

Bruselas da la versión positiva y aclara en la web de Comercio de la Comisión que el acuerdo permite que se persiga la delincuencia organizada en caso de robo de la propiedad intelectual y que no afecta a nuestro uso cotidiano de internet. ACTA, asegura, no tiene previsto bloquear el acceso a internet a nadie y no tiene nada que ver con el proyecto de ley estadounidense SOPA. En cualquier caso, desde la UE, se insiste en que las persecuciones de infracción se harán por vía judicial.

Los primeros firmantes del acuerdo, en octubre de 2011, fueron Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Estados Unidos. Ahora se han sumado la UE y 22 de sus Estados (Reino Unido, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, España y Suecia) y se espera que los restantes, Alemania, Chipre, Holanda Estonia y Eslovaquia, lo hagan próximamente. El gobierno polaco ha congelado, de momento su firma, ante las protestas ciudadanas contra el acuerdo.

La decisión la tiene la Eurocámara

Además aún tiene que ratificarlo el Parlamento Europeo. El presidente de la comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, el socialista portugués Vital Moreira, afirma que ACTA busca reforzar los medios y mecanismos para proteger derechos como el copyright, las patentes, las indicaciones geográficas, las marcas o los diseños industriales.

«La sensibilidad del tema se debe a una pequeña parte del acuerdo, la relacionada con el copyright en internet, la descarga de música, literatura, teatro, conciertos u otros trabajos protegidos por este derecho. Personalmente, me gustaría mencionar que muchas de las quejas son por temas que ACTA no incluye», tranquiliza Moreira. El Parlamento Europeo no puede modificar el texto, por tratarse de un acuerdo internacional, pero sí aprobarlo o rechazarlo.

A pesar de la insistencia institucional en que los derechos de los internautas quedan garantizados, varias organizaciones lo rechazan. Por ejemplo, Open Rights Group, que trabaja para defender los derechos digitales, afirma tajante que «ACTA plantea una grave amenaza a la libertad de expresión en Internet». Es lo que piensan los miles de manifestantes polacos o eslovenos que estos días han salido a la calle para expresar su protesta contra el acuerdo. Anonymous tiene declarada la guerra a ACTA.