Los contenidos del tratado internacional se fijaron en la pasada cumbre de enero y comprometen a limitar el déficit en las legislaciones nacionales (España ya lo hizo en la pasada legislatura), elaborar presupuestos equilibrados sometidos a estrictos criterios y la posibilidad de que los socios incumplidores sean llevados ante el Tribunal de Justicia de la UE y sancionados con multas equivalentes al 0,1% de su PIB. El acuerdo quiere ser el instrumento que confirme la gobernanza económica en la eurozona y prevé la celebración de dos cumbres anuales de los socios de la moneda única.

Aún tiene que ser ratificado por los parlamentos nacionales, pero para entrar en vigor el 1 de enero de 2013, como está previsto, será suficiente la firma de doce de los veinticinco socios firmantes. Se evita así la posibilidad de bloqueo, como podría haber ocurrido con el caso de Irlanda, donde se ha anunciado la convocatoria de un referéndum para ratificarlo.

El presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, confía en que el nuevo pacto fiscal «ayudará a que no se repita la crisis de deuda soberana y reforzará así la confianza entre los Estados miembros». El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, asegura que esto «representa la cultura de la estabilidad financiera, que es un prerrequisito para una auténtica unión económica».

Ambos líderes comunitarios han sido solo testigos de la firma de los jefes de Estado o de gobierno, ya que la Unión Europea, como tal, no entra en el pacto, que es solo un acuerdo internacional. De ahí las dudas sobre cómo las instituciones van a ejercer una labor de vigilancia sobre un tratado entre países en el que no participan.