Con menos de cien días en el poder, el gobierno de Rajoy afronta este 29-M una huelga general contra una reforma laboral vista con buenos ojos desde Bruselas y la total oposición de organizaciones sindicales y partidos de izquierda. Los sindicatos convocantes creen que el paro de 24 horas «es una inversión de futuro del mundo de trabajo» que responde al «desmontaje» del modelo social europeo, ante el que solo cabe movilizarse.

Son palabras del secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, quien ha señalado que, ante la agresión a los derechos laborales, no cabe «la apatía ni la resignación». El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha dicho que estamos ante «una causa europea.»

Ambos han recibido el apoyo de organizaciones sindicales de Francia, Italia, Alemania y Bélgica, en un encuentro celebrado en Madrid horas antes del comienzo de la huelga. Allí Méndez, ha señalado que «se está desandando el camino del progreso, se está retrocediendo y nos estamos desviando por un camino muy peligroso para la UE. Incluso la democracia está en peligro porque se ha impuesto una reforma de los tratados por la cual hay una cesión de soberanía presupuestaria a un grupo de burócratas que no tienen ningún tipo de legitimidad democrática, y eso supone un empobrecimiento muy peligroso de la democracia en la UE».

Fernández Toxo ha subrayado que la huelga general está siendo vivida como «un trauma» por la patronal y por las instituciones públicas «como si no fuera un derecho», «no vamos a caer en la trampa de los quieren que esto derive en un conflicto de orden público». El gobierno ha preparado un gran dispositivo policial para garantizar que puedan acudir a sus puestos de trabajo quienes quieran hacerlo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha llamado a denunciar «actos violentos» de los piquetes informativos de trabajadores, que desde la medianoche animan a sumarse al paro.

Los sindicatos confían en que el éxito de la huelga obligue al gobierno a negociar la reforma laboral, aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya ha señalado que sea cual sea el resultado de la movilización, «no va a modificar un ápice» una norma que el gobierno considera necesaria.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) apoya la huelga, por que considera que las reformas del mercado laboral que están poniendo en marcha España y otros países europeos son injustas e inaceptables, ya que «atacan las políticas de protección social, la legislación laboral y la negociación colectiva».

«Los líderes políticos de España - impulsados por las necesidades de la Unión Europea - están siguiendo una lógica desastrosa que conduce a la recesión y el desempleo. Un diálogo social constructivo es esencial para evitar que los trabajadores tengan que pagar por la crisis», señala un comunicado de las CES.

Ésta es la séptima huelga general de la democracia en España, la segunda desde que comenzó la crisis y también la segunda contra un gobierno del Partido Popular, la anterior durante el gobierno de José María Aznar.