La controvertida ley ACTA, tal y como está enunciada, le da a los proveedores de Internet un acceso sin precedentes a las actividades de sus clientes en la red. El responsable de protección de datos de la Unión Europea ha dado la voz de alarma y dice que ACTA viola las leyes que protegen la privacidad de los europeos.

El Acuerdo Comercial Antipiratería (ACTA), ha sido aprobado por 22 de los 27 países de la UE, entre ellos España, y otros como Estados Unidos y Japón, aunque todavía no ha sido ratificada por ninguno. Esta ley, como otras que han aprobado diferentes países, SOPA y PIPA en Estados Unidos o Sinde (el nombre de la ministra que la implementó) en España, no le gusta a la opinión pública.

Uno de los reparos es precisamente el que ahora hacen público los supervisores de protección de datos de la Unión Europea, Peter Hustinx y Giovanni Buttarelli, que explican que la ley «podría implicar una vigilancia a gran escala de la conducta de los usuarios y sus comunicaciones electrónicas» y añaden que va «más allá de lo que permite la legislación europea».

Buttarelli, por su parte, ha dicho que aunque es importante la cooperación internacional en la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, no es bueno que se empleen medios que vayan en detrimento de los derechos fundamentales del individuo. Lo deseable sería, dice el responsable de protección de datos de la UE, que se establezca un equilibrio en la lucha contra la violación de la propiedad intelectual y los derechos a la protección de la vida privada y prosigue «parece que ACTA no está plenamente conseguida en ese sentido».

El objetivo de ACTA es establecer una serie de sanciones comunes cuando se verifique la vulneración de derechos de autor. Entre los países que la han rechazado están Rusia y China, donde se alojan muchas web de intercambio de archivos o India, que ha establecido exenciones de derechos de marca para medicinas baratas.

Sin embargo la Unión Europea, que protege las marcas incluídas las de las medicinas, quiere que se apruebe la ley ACTA. Las dudas sobre su legalidad han llevado la ley al Tribunal de Luxemburgo para que dictamine si vulnera la privacidad de los ciudadanos, pero la sentencia podría tardar más de un año en estar lista. El próximo 29 de mayo la ley llega al Parlamento Europeo, algunos europarlamentarios han dicho ya que votarán en contra.