El gobierno ucraniano confiaba en estar esta primavera en el escaparate internacional que proporciona la Eurocopa de fútbol, que comienza el 8 de junio. Y lo está, pero con una realidad bien distinta. Una cadena de atentados en la ciudad de Dnipropetrovsk ha provocado este viernes 29 heridos y pone en cuestión la seguridad del país ante el acontecimiento deportivo, mientras se aplaza el juicio a la opositora Timoshenko y se distribuyen fotos de los supuestos malos tratos que ha recibido en la cárcel. Ya hay llamamientos a boicotear la Eurocopa.

Nadie ha reivindicado la autoría de la colocación de cuatro explosivos, en lugares céntricos y a hora punta, en Dnipropetrovsk, una ciudad que nunca había conocido acciones terroristas. Inmediatamente el gobierno ucraniano ha dicho que la seguridad está garantizada para participantes y visitantes de la Eurocopa de fútbol que Ucrania organiza, junto a Polonia, en cuatro ciudades del país: Kiev, Járkov, Donets y Lvov.

Los atentados se producen cuando se recrudece la ola de protestas en el interior del país y en toda Europa por la situación de la exprimera ministra, Yulia Timoshenko, encarcelada por abuso de poder. El segundo juicio a la líder opositora, que debía comenzar este sábado, se ha retrasado hasta el 21 de mayo. La propia acusada había pedido el aplazamiento por motivos de salud. Padece una hernia discal crónica y declaró no poder comparecer ante el tribunal.

La fecha de la vista ha coincidido con la publicación de unas fotos de Timoshenko en la cárcel, en las que supuestamente muestra los moratones de los golpes que recibió de los funcionarios cuando era trasladada a una clínica para recibir tratamiento. En respuesta a los malos tratos, la exprimera ministra se ha declarado en huelga de hambre. La defensora del pueblo ucraniana, Nina Karpachova, ahora relevada del cargo por la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno, distribuyó las fotos entre los embajadores de la UE. El presidente de Ucrania, Víctor Yanukovich, ha ordenado a la fiscalía que investigue el asunto.

La respuesta europea ha sido inmediata. La Alta Representante, Catherine Ashton, ha recordado al ejecutivo ucraniano su «obligación de examinar sin demora e imparcialmente cualquier queja de tortura u otras formas de tratamiento cruel, inhumano o degradante».

En Alemania, las reacciones han sido más contundentes. El presidente, Joachim Gauk, ha suspendido una visita que tenía prevista a Yalta y el gobierno de Merkel habla de infracciones al derecho penal para limitar la democracia. El ministro de Exteriores, Guido Westerwelle ha propuesto que Timoshenko se someta a tratamiento en su país, como ha recomendado un equipo médico alemán que visitó a la exprimera ministra.

Boicot a la Eurocopa

Si las declaraciones políticas europeas pueden hacer daño al presidente Victor Yanukóvich, más aún las repercusiones sobre la Eurocopa de fútbol con la que Kiev quiere demostrar la evolución del país y así facilitar su acercamiento a la Unión Europea. Pero los últimos acontecimientos pueden echar todos los planes al traste. Ya se ha dicho que, si no se aclara la situación de Timoshenko, Merkel no asistirá a la inauguración del campeonato europeo de fútbol, el 8 de junio en Varsovia, y los socialdemócratas alemanes (SPD) han hecho un llamamiento a todos los políticos europeos para que boicoteen el acontecimiento. El jefe del partido, Sigmar Gabriel, dice al Bild am Sonntag: «Los políticos deben tener cuidado de no convertirse en comparsas del régimen. Puede ser que se sienten en los estadios junto a directores de prisiones y policías secretos. En caso de duda no hay que viajar».

Desde la propia UE hay ya iniciativas en ese sentido. La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, ha declinado asistir a la inauguración de la Eurocopa «por motivos institucionales» y para «no cerrar los ojos sobre los Derechos fundamentales simplemente porque haya una gran fiesta deportiva». Reding ha trasladado al presidente de la UEFA, Michel Platini, su preocupación por la situación de Timoshenko.

La líder opositora cumple una pena de siete años de cárcel por abuso de poder, por haber suscrito un acuerdo con la empresa rusa Gazprom perjudicial para los intereses de Ucrania. En el segundo proceso que tiene pendiente, Timoshenko está acusada de malversación de fondos públicos cuando dirigía el consorcio energético ucraniano en los 90.