Por Diana Cariboni 

Los negociadores de unos 180 países entre los que está la Unión Europea trabajan en un documento en el que deben quedar sentadas las bases de la «economía verde» y cómo dotarla de recursos financieros. El viernes debió quedar listo para cuando lleguen los jefes de Estado y de Gobierno y no ha sido así. Las conversaciones están estancadas. La jefa de la delegación venezolana, Claudia Salerno, explica la posición de los países en desarrollo.

RÍO DE JANEIRO, (IPS)  - No es cierto que los países en desarrollo condicionaran la inclusión de la economía verde en el documento final de Río+20 a definiciones sobre financiamiento, dice la jefa de la delegación de Venezuela, Claudia Salerno Caldera.

«Eso es un rumor que no se sostiene», añade.

El pasado jueves, el Grupo de los 77  (G-77) países en desarrollo más China se retiró de la mesa en la que se discutía la economía verde, alegando que las naciones ricas obstaculizan todo avance en los «medios de implementación», es decir la transferencia de tecnología y la financiación para hacer frente a la transformación de los patrones de producción y consumo.

El viernes las discusiones llegaron a un punto muerto en otros terrenos y este sábado Brasil presentó un documento consolidado en busca de consenso antes de que los jefes de Estado y de gobierno lleguen a esta ciudad.

Los países en desarrollo «iniciaron la negociación sobre economía verde y sobre los cambios necesarios», y eso avanzaba «maravillosamente bien» hasta que la discusión llegó a la parte en la que se debía hablar de los medios para su puesta en marcha, describe Salerno.

¿Cómo es posible «que nosotros, con las luchas contra la pobreza que tenemos, estemos más dispuestos a esa transformación que los países que se supone que tienen mejores condiciones?», se pregunta.

Las propuestas para reverdecer la economía que el Norte industrial puso sobre la mesa en enero iban en el sentido de crear nuevas barreras al comercio, «y las peleamos desde entonces y hemos logrado ajustarlas», indica la venezolana.

El acuerdo «no puede destruir 20 años de negociaciones en la Organización Mundial del Comercio y todo lo adoptado en materia medio ambiental» por el hecho de que tú tienes una crisis, sentenció, en referencia a la Unión Europea (UE).

Sin embargo, «el debate se recondujo» y el capítulo de economía verde «es hoy uno de los que tienen mayor cantidad de textos ya acordados», aseveró. «¿Por qué no hay un solo párrafo acordado sobre medios de implementación?», pregunta. Porque los países ricos «no quieren» contesta.

Los estados aceptaron «limitar la naturaleza prescriptiva de la idea de 'economía verde'» y colocar en su lugar «políticas de economía verde», reconociendo que los países «deben retener la capacidad de definir cómo adaptarlo a sus circunstancias específicas», según Alex Rafalowicz, asesor legal de la no gubernamental Red del Tercer Mundo, que sigue de cerca los debates.

A los gobernantes les toca decidir «si pueden dejar que la crisis y la coyuntura impida al político tener una visión a 20 años», dice Salerno. «Todo el mundo tiene una crisis distinta. Europa clama por la suya y la pone sobre la mesa como justificante».

El anuncio esta semana de un fondo de 30.000 millones de dólares «ya es un acuerdo y no lo vamos a revisar. Si ellos (Estados Unidos y la UE) se echan para atrás en lo que los propios países desarrollados colocaron como la gran bandera política de la cumbre de cambio climático de Copenhague, entonces estamos muy mal». Pero «hasta eso estamos viendo», agrega.

Las delegaciones de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua, que coordinan sus posturas en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), han hablado estos días en términos duros de los retrocesos en la financiación.

De hecho, «el G-77 se retiró de los debates sobre economía verde porque fue el ALBA y Bolivia quuienes observamos que los medios de implementación están yendo por un rumbo tan equivocado y absurdo que aparece como fuente de financiación la caridad privada», nos dijo el jefe de negociaciones sobre cambio climático de Bolivia, René Orellana.

«No sabemos si se están burlando de nosotros o efectivamente quieren desmantelar la cooperación internacional», agrega. «¿En dónde dice que las obligaciones validadas en numerosos tratados internacionales se suspendan en tiempos difíciles?», cuestiona.

Su país «tiene esperanza en el proceso de Río+20», dice, pero «queremos ver un documento que exprese el derecho al desarrollo, los derechos de la Madre Tierra, la armonía con la naturaleza y un enfoque que nos resuelva la pobreza».

Bolivia, Venezuela y otros países latinoamericanos productores de hidrocarburos se encuentran ante el dilema de una economía basada en una producción sucia.

«Tenemos una dependencia muy importante de esos recursos no renovables, y por ser vulnerables no podemos salir de un día para otro de esa dependencia, salvo que tengamos transferencias de tecnología, la condición para migrar de una energía no renovable a una renovable», explica Orellana.

Sin embargo, «nuestra contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero es del 0,03 por ciento. Y de repente quieren que asumamos una enorme responsabilidad en la reducción de emisiones países que no somos los culpables del cambio climático. Si lo hacemos de un día para otro, dejaremos a nuestros estados sin posibilidad de ingresos».