Por Mya Guarnieri

La UE ha criticado la expansión de un asentamiento judío en territorio palestino, en el este de Jerusalén, y ha recordado a Israel, que teniendo en cuenta el Derecho Internacional, son ilegales. A finales de septiembre Palestina volverá a intentar que se le reconozca un status de «observador no miembro» en la Asamblea de la ONU.

Catherine Ashton se ha mostrado «seriamente preocupada por las implicaciones que puede tener la reciente decisión de las autoridades de Israel de presentar una licitación para 130 nuevas viviendas en la colonia de Har Homa. Esta colonia se construiría más allá de la línea verde (la frontera marcada entre ambos territorios en el armisticio internacional de 1948) en Jerusalén Este. La alta representante urge a Israel a parar la expansión de los asentamientos en Cisjordania de manera inmediata, incluido el Este de Jerusalén.

RAMALAH, (IPS) - La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) se propone tratar de mejorar su estatus dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un año después de intentarlo ante el Consejo de Seguridad. El 27 de septiembre, la delegación palestina solicitará ante la Asamblea General su admisión como «estado observador no miembro», tras el fallido intento de 2011.

La OLP participa actualmente en la ONU como entidad observadora». Si consiguen el cambio de estatus, los palestinos podrán integrarse a varias agencias del foro mundial y hasta acusar a Israel de crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional (CPI). En respuesta a esta iniciativa, Danny Danon, miembro de la Knesset (parlamento) de Israel, ha dicho que su país debía buscar anexionarse de forma unilateral el área C, controlada por el estado judío. La zona constituye el 60 por ciento de Cisjordania y tiene más de 200 asentamientos y puestos de control israelíes.

La idea de anexión parece ganar terreno. Danon, del gobernante Partido Likud, promueve un proyecto de ley en ese sentido. El legislador Uri Ariel pidió que se aplicara el derecho civil israelí en el área C, lo que, según varios analistas, equivale a una anexión de hecho. De acuerdo con el diario The Jersusalem Post, la propuesta de Ariel contó con el apoyo de «más de la mitad» de los representantes del Partido Likud. Varios de sus legisladores participaron en julio en una conferencia que trató sobre la anexión de toda Cisjordania, y no solo del área C. Pese a la movilización de los legisladores, Mark Regev, portavoz del gobierno, declaró que hablar de una anexión israelí del área C era «ridículo».

Hechos en el terreno

Según la organización no gubernamental israelí Peace Now, la construcción en los asentamientos aumentó el año pasado un 20 por ciento, con el comienzo de las obras de más de 1.850 unidades nuevas. Este año, Israel ha aprobado 1.400 unidades «dormitorio» nuevas, lo que hace de 2012 un récord en la materia, y la cantidad de residentes aumentó 4,5 por ciento.

Mientras el gobierno facilita el traslado de israelíes al área C, expulsa a los residentes palestinos. Entre enero y junio, Israel destruyó 384 casas y edificaciones de palestinos y beduinos en Jerusalén oriental y en el área C. Esto ha supuesto el «desplazamiento forzoso» de 615 personas, que según la ONU, más de la mitad de ellos son niños y niñas. También señala que este año ha habido «un aumento significativo» de demoliciones y desplazamientos. «Aproximadamente unas 103 personas fueron desplazadas cada mes en 2012, comparadas con 91 en 2011, 51 en 2010, 52 en 2009 y 26 en 2008».

Tanto el Estado israelí como los colonos usan cada vez más la «guerra jurídica» contra la población palestina del área C, tildando construcciones y pueblos que datan de antes de la ocupación de Israel de «ilegales» y, por lo tanto, pasibles de demolición. Según Tamar Feldman, de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, hay más de 14 aldeas palestinas en las colinas del sur de Hebrón librando batallas legales promovidas por el Estado y por organizaciones de derecha como Regavim.

Las localidades palestinas de Zanuta y Susya, ambas con riesgo inminente de demolición, son dos casos en los que Regavim desempolvó órdenes de demolición congeladas por la justicia, básicamente obligando a los jueces a emitir un fallo. Además, si el Estado logra su objetivo, unos 1.500 palestinos serán expulsados de 12 aldeas ubicadas en un área militar llamada zona de tiro 918. El Estado no tiene planes de reubicar a las familias ni de compensarlas por sacarlas de sus tierras.

Para Tamar Feldman «El valle del Jordán y las colinas del sur de Hebrón tienen muchas zonas de tiro (declaradas por Israel) y reservas naturales con restricciones de ingreso y residencia». «La mayoría de las zonas de tiro no se usan como tal y el área 918 no ha servido para entrenamientos con municiones reales. De hecho ha sido muy poco utilizada en los últimos 15 años».

El estado israelí dice que necesita el área para ejercicios militatres. Las zonas de tiro y las reservas naturales que salpican el área C, igual que las demoliciones, la desigual asignación de recursos y las restricciones a la libertad de movimiento, funcionan para impedir la expansión palestina o directamente expulsarlos haciendo de su vida un infierno. Ya sea que el objetivo apunte a apropiarse de tierras o a lograr una mayoría de población judía, ambas estrategias son cruciales para la anexión.

La expropiación de tierras palestinas por parte del Estado israelí para crear zonas de tiro o reservas naturales es «muy problemática desde el punto de vista del derecho internacional. No se puede utilizar un área ocupada para ningún beneficio general que sirva» a la potencia ocupante, añade Feldman. Pero el último informe de la Comisión Levy, designada por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y conocido en julio, niega que Israel esté ocupando Cisjordania. Algunos observadores sostienen que el documento se propone establecer bases legales para la anexión israelí.

Jeff Halper, cofundador y director del Comité Israelí contra la Demolición de Casas, explica que «muchos asentamientos israelíes están construidos en propiedad privada de palestinos, y la Corte Suprema no dejará que el Estado expropie el territorio». «Una anexión significaría que todo se vuelve territorio israelí. El informe corta el nudo gordiano de las dificultades legales y las críticas que suscitan los asentamientos». «Si Israel anexa el área C», prosigue Halper, «el mundo se quejará un día». «Pero después de los gritos, se normalizaría» la situación, apunta.

A pesar de que Israel anexó de forma unilateral Jerusalén oriental, en 1980, y los Altos del Golán, en 1981, sin una verdadera reacción de la comunidad internacional, algunos analistas sostienen que no hará lo mismo con el área C. Neve Gordon, autor de Ocupación de Israel, cree que el estado judío está demasiado preocupado con «cuestiones demográficas» como para anexar el área C. Además, añadie que «el coste político es considerado demasiado alto. Israel está contento con una anexión de hecho de partes de Cisjordania sin que la anexión de la región sea legal».