11 años después de los atentados del 11-S, varios gobiernos europeos siguen dificultando las investigaciones sobre los vuelos ilegales de la CIA con supuestos terroristas. Muchos de ellos acabaron en las cárceles de Guantánamo en un limbo jurídico y sin que se respetaran sus derechos básicos. El Parlamento Europeo insiste, una vez más, en que los estados investiguen si hubo complicidad con la agencia de inteligencia estadounidense para instalar prisiones en Europa.

Lituania, Polonia y Rumanía deben aclarar las acusaciones de participación en el programa de trasladados extraordinarios y detenciones secretas de la CIA, según un informe de la eurocámara aprobado por 568 votos a favor, 34 en contra y 77 abstenciones. El PE pide a Finlandia, Dinamarca, Portugal, Italia, el Reino Unido, Alemania, España, Irlanda, Grecia, Chipre, Rumanía y Polonia que revelen toda la información necesaria sobre los aviones sospechosos asociados con la CIA en sus respectivos territorios.

Los diputados expresan su preocupación por los obstáculos con los que se han topado las investigaciones parlamentarias y judiciales nacionales para aclarar lo que ocurrió y que la prensa reveló en 2005. Para la eurodiputada ponente, la francesa Hélène Flautre, (Verdes/ALE), «con este voto prevalecen los fundamentos democráticos de la UE por encima de consideraciones nacionales».

Entre los obstáculos citados, figuran la «falta de transparencia, la clasificación de documentos, el predominio de interes nacionales y políticos y la ausencia de técnicas de investigación rigurosas y de cooperación entre las autoridades de la UE». Para Flautre «el voto de hoy es una victoria para el Parlamento, que mantiene la exigencia de verdad ante el rechazo y el olvido». El informe, elaborado con nuevas pruebas, la mayoría aportadas por Eurocontrol, detalla la existencia de un amplio sistema secreto e ilegal para practicar torturas y desapariciones forzadas.

La Eurocámara pide a las autoridades judiciales rumanas que «inicien una investigación independiente», ya que la investigación parlamentaria, por lo tanto política, ha concluido que no se han encontrado pruebas de locales de detenciones secretas. Pero en los documentos presentados por la agencia europea de control aéreo, Eurocontrol, sí hubo vuelos entre Rumanía y Lituania. Los eurodiputados piden a este país que el gobierno «cumpla su compromiso de reabrir la investigación penal» sobre estos vuelos registrados por el controlador aeronaval europeo.

Los diputados también animan a Polonia a que prosiga la investigación penal que está realizando sobre detenciones secretas, pero lamentan que las autoridades no facilitan datos sobre esa invetigación. La eurodiputada francesa de Los Verdes, ha remarcado que «hay que hacer todo lo necesario para garantizar investigaciones rigurosas e independientes que permitan saber lo que pasó y quién es el responsable». La comisaria de Justicia, Viviane Reding, que participó en el debate, ha pedido a los países una investigación «en profundidad, independiente e imparcial para acalarar la verdad».

Hélène Flautre se ha mostrado sorprendida porque «la imaginación de los Estados miembros no tiene límite cuando se trata de esconder la verdad» por lo que ha pedido una coordinación europea. Su compatriota, la popular Michèle Striffler, ha añadido que «en Europa no debe ser posible encarcelar a alguien en secreto sin un juicio previo». La también eurodiputada francesa de Izquierda Verde/Izquierda Unitaria, Marie-Christine Vergiat, ha dicho que «tenemos que limpiar nuestro jardín, y cuanto ante mejor».

Hace cinco años que la Eurocámara presentó su informe sobre las supuestas actividades ilegales de la CIA en territorio europeo, y algunos estados implicados mantienen su reticencia a revelar detalles sobre esas irregularidades jurídicas.

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