Según el Consejo de Europa la guía está dirigida a los usuarios de Internet para ayudarles a entender mejor sus derechos humanos en línea y lo que pueden hacer cuando estos no se respetan. Generalmente los derechos de los usuarios se especifican en los términos de servicio de las empresas de Internet, y en su mayoría son largas condiciones contractuales legales que rara vez se leen y que se entienden poco.

La Guía se centra en los derechos humanos en los que la red tiene mayor impacto: el acceso y la no discriminación, la libertad de expresión e información, la libertad de reunión, asociación y participación, privacidad y protección de datos, la educación y la alfabetización, la protección de los niños y los jóvenes y el derecho a un recurso efectivo cuando esos derechos humanos no se respetan.

Para el secretario General del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, «Los gobiernos, empresas privadas y otros actores tienen el deber de respetar los derechos humanos fuera de línea y en línea. Vamos a trabajar con ellos para aplicar la guía, y para garantizar que los usuarios de Internet tengan acceso a recursos eficaces cuando consideren que sus derechos han sido restringidos o violados. «

Entre otras consideraciones la Guía se refiere a que no se debe desconectar a los usuarios de Internet en contra de su voluntad, salvo cuando lo decida un tribunal. Tienen libertad de expresarse en línea y acceder a la información y las opiniones de los demás, incluidas las que puedan ofender o molestar a otros individuos, siempre que se respete la reputación y la vida privada de los demás. Las autoridades públicas tienen el deber de respetar y proteger este derecho.

Se pueden aplicar restricciones a las expresiones que incitan a la discriminación, al odio o a la violencia. Los usuarios pueden optar por no revelar su identidad en línea; pero deben ser conscientes de que las autoridades de su país pueden revelar su identidad si es necesario.

Los internautas tienen libertad de elegir cualquier sitio web, aplicación, o cualquier otro servicio y de asociarse y reunirse. También tienen el derecho a protestar pacíficamente en línea. Sin embargo, deben conocer que pueden enfrentarse a consecuencias legales en caso de que su protesta conduzca a bloqueos, interrupción de los servicios o daños a la propiedad de otros.

Los datos de carácter personal de los usuarios sólo se deben procesar cuando estos hayan han dado su consentimiento para ello o que esté previsto por la ley. Cuando los datos personales sean tratados o cedidos a otras partes se debe poner en conocimiento de la persona implicada, cuándo, por quién, con qué propósito, y esta podrá ejercer control sobre ellos (comprobar su exactitud, solicitar una corrección o una deleción). Los usuarios no deben ser sometidos a medidas generales de vigilancia o interceptación, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, tales como la investigación criminal.

Los usuarios de Internet deben tener acceso a la educación en línea. Los niños y los jóvenes tienen derecho a una protección y orientación especial. Si el contenido que han publicado compromete su dignidad, seguridad o privacidad, o puede ser perjudicial para ellos en el futuro, debe suprimirse lo más pronto posible. También deben estar protegidos de la interferencia con su bienestar físico, mental y moral, en particular, sobre la explotación sexual y el abuso.

El usuario tiene derecho a un recurso efectivo cuando sus derechos humanos se vean restringidos o violados con una investigación, explicación, respuesta, rectificación, disculpa, restablecimiento, reconexión y e indemnización.

Los proveedores de servicios de Internet, otras empresas o las autoridades públicas deben proporcionar a los usuarios una información fácilmente accesible sobre sus derechos y las posibles soluciones. Las autoridades nacionales tienen la obligación de proteger a los usuarios de la actividad criminal cometida a través de Internet.

En la determinación de sus derechos y obligaciones, o si se le acusa de un delito en el uso de Internet, los usuarios tienen derecho a un juicio justo en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial, y el derecho a una solicitud individual ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos después de haber agotado todos los recursos internos disponibles.