Buena parte de este tipo de empresas, tal como pueden constatar en sus supermercados, han aplicado importantes descuentos a este producto básico de la cesta de la compra que están utilizando como producto reclamo para atraer a los clientes. Concretamente, el precio de venta al público en estos establecimientos ha pasado de una media de 68 céntimos por kilo a ofertas que se sitúan en torno a 64 céntimos y que, incluso, en el caso más extremo, llega a los 50 céntimos por kilo.
Este último precio constituye una muestra evidente de esa práctica indeseable e ilegal denominada venta a pérdidas, es decir, ofertar un producto por debajo de los costes de producción, mientras que el resto de firmas la estarían bordeando.
El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, lamenta que estas empresas «se hayan enzarzado en una batalla de precios usando, además, un producto tan importante y emblemático para nosotros como es el arroz. No es de recibo que se llenen la boca hablando de conceptos como la responsabilidad social corporativa y luego actúen de esta forma, porque los perjuicios para los arroceros valencianos pueden ser irreversibles.
Con semejantes políticas, la gran distribución elude o pasa por alto el valor de las cosas, lo que cuesta producirlas y a las personas que hay detrás para hacerlo. Están jugando con el futuro de los agricultores de manera irresponsable».
Efectivamente, AVA-ASAJA considera que esta rebaja de los precios de venta del arroz servirá para presionar a la baja las cotizaciones de cara a la próxima campaña que arrancará hacia el mes de septiembre. Durante el pasado ejercicio, la tonelada de arroz se situaba en torno a los 285 euros, un precio muy ajustado en términos de rentabilidad para los productores, hasta el punto de que las explotaciones de tamaño más reducido no lograban siquiera cubrir los costes de producción.
La situación puede empeorar aún más para los arroceros valencianos el próximo ejercicio si las cotizaciones en el campo descienden y si, finalmente, el valor de las ayudas que perciben los arroceros baja también. «A este paso –señala Cristóbal Aguado- acabaremos viendo campos de arroz abandonados en plena Albufera y el impacto medioambiental que conlleva tal circunstancia sería muy negativo».
AVA-ASAJA entiende que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) debería investigar la legalidad de estrategias comerciales tan discutibles como la que están siguiendo determinadas compañías de la distribución, ya que podrían estar utilizando su posición de dominio para distorsionar el mercado.NdP
