España tiene, tradicionalmente, una de las políticas de vivienda social más endebles de Europa. Concretamente, se calcula que el parque de viviendas sociales en España representa solamente el 1 o 2 por ciento de todas las viviendas, comparado con el 32 por ciento de los Países Bajos, el 23 por ciento en Austria, el 18 por ciento en Reino Unido o el 17 por ciento en Francia. Así lo recoge el último informe de la organización sin ánimo de lucro Amnistía Internacional 'Derechos desalojados: El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España'.

«Pero las autoridades españolas, a pesar de este historial tan endeble en materia de vivienda social, no han respondido suficientemente a la crisis económica y al consiguiente aumento del número de desalojos con políticas públicas proactivas para proteger y realizar el derecho a la vivienda, que incluyan ampliar la provisión de vivienda social para las personas que lo necesitan», recoge el informe de esta organización internacional que analiza los desalojos de viviendas en España. En el mismo se añade que el gasto público en vivienda en el país también está por debajo de la media europea, y no ha hecho sino reducirse desde que se desató la crisis económica.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha insistido en que, para ser admisibles, los recortes del gasto en vivienda deben ser provisionales, necesarios y proporcionales, no deben tener carácter discriminatorio, deben mitigar las desigualdades impidiendo que los derechos de las personas más desfavorecidas se vean desproporcionadamente afectados y, por último, deben especificar un contenido mínimo básico de derechos o el nivel mínimo de protección social. A pesar de estas directrices, «las autoridades públicas en España no han justificado adecuadamente los recortes del gasto basados en estos criterios y, por tanto, recortar el gasto en vivienda podría ser equivalente a adoptar medidas deliberadamente regresivas e injustificadas sobre el derecho a la vivienda», añade Amnistía Internacional al respecto.

El país con más casas vacías de Europa

Esta organización también reconoce que no hay datos estadísticos oficiales sobre las casas vacías en Europa pero, según algunos cálculos, podría haber once millones en toda la Unión Europea. De ellas, tres millones están en el Estado español, lo que significa más del 30 por ciento de todas las casas vacías del continente. Por tanto, sería con diferencia el país con el mayor número de casas vacías.

La relatora especial sobre una vivienda adecuada, la relatora especial sobre la extrema pobreza y el experto independiente sobre la deuda externa y los derechos humanos de las Naciones Unidas han planteado sus motivos de preocupación ante el Ejecutivo de Mariano Rajoy, afirmando que «el programa de austeridad del Gobierno, con consecuencias especialmente graves para las personas que viven en la pobreza, ha socavado drásticamente el derecho a una vivienda adecuada, pese a las numerosas viviendas vacías materialmente disponibles en España». Lo que parece claro es que el tema de la vivienda sigue la línea del resto de políticas sociales del actual Gobierno central. Y es que, según los últimos datos estadísticos de Eurostat, España destinó a protección social el 25,9 por ciento de su PIB en 2012, comparado con el 29,5 por ciento de media en la UE.

En España se han iniciado casi 600.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008, año que marca el inicio de la crisis. Ante estos datos, Amnistía Internacional recomienda que se paralicen todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección. En concreto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo, y el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a éstas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.

Medidas con escaso éxito

Y es que, las medidas hasta ahora tomadas para solventar este problema son claramente insuficientes porque únicamente han beneficiado a 31.500 familias. Y, como matiza especialmente esta organización internacional, «las autoridades han invisibilizado la gravedad de la situación, al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por las ejecuciones hipotecarias ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género».

«El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni las organizaciones», asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. «Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación», ha añadido.