Economía

Por primera vez, un procedimiento por déficit excesivo abierto por la Comisión Europea puede tener repercusiones en los bolsillos de los ciudadanos de un Estado de la UE. Bruselas ha propuesto hoy suspender el pago de 495 millones de euros de los fondos de cohesión que corresponden a Hungría, por no haber tomado las medidas necesarias para equilibrar sus cuentas.

Grecia podrá evitar la suspensión de pagos pero, esta vez, a cambio de un férreo control de sus cuentas por parte de la UE y el FMI. Los ministros de Finanzas del Eurogrupo han desbloqueado el programa de ayuda financiera de 130.000 millones de euros, blindando dinero y asegurando vigilancia. Además de préstamos de la eurozona, en el rescate habrá mayor contribución privada y una renuncia de beneficios del BCE en su compra de deuda griega.

«La crisis que estamos viviendo es también una crisis de crecimiento». Con este argumento de arranque, los gobiernos de doce socios de la Unión Europea, entre ellos España, han escrito una carta conjunta a los líderes comunitarios para que se impulsen medidas de apoyo al crecimiento y el empleo en el próximo Consejo Europeo de marzo. Francia y Alemania no han suscrito la petición.

Grecia irá a la quiebra o se salvará, según lo que decidan este lunes los 17 ministros de Finanzas de la zona euro, que deben acordar un segundo rescate para Atenas de, al menos, 130.000 millones de euros. El gobierno griego asegura que ha cumplido todo lo exigido por la troika (CE, BCE,FMI), pero sucesivos incumplimientos mantienen la desconfianza. Las negociaciones «in extremis» tratarán de garantizar que las medidas prometidas se convierten en hechos.

La lluvia de malas noticias económicas provenientes de Grecia y Portugal indican que las recetas alemanas impuestas por la troika de acreedores multilaterales no logran resultados y ambos países se encaminan hacia un callejón sin salida, advierte el profesor de economía Mario Olivares. «Los problemas de la deuda y el déficit fiscal de los países solo se resuelven con crecimiento económico», sentencia el catedrático portugués.

El ultimátum de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional parece esta vez firme y el gobierno de Atenas no ha tenido más remedido que buscar el ahorro suplementario de 325 millones de euros si quiere recibir el segundo programa de ayuda financiera para evitar la bancarrota. Grecia no ha concretado de donde hará los nuevos recortes, pero parece que finalmente, al menos una parte, saldrá de las pensiones.

Cada reunión del Eurogrupo sobre Grecia es un «sí, pero». Este miércoles, los ministros de Finanzas de la eurozona ni siquiera se reunieron físicamente, una teleconferencia fue suficiente para constatar que el gobierno griego va cumpliendo las condiciones para recibir su segundo rescate europeo, pero nunca son suficientes. La decisión final, formalmente, queda para el lunes. Extraoficialmente, puede que se retrase a abril.

El último trimestre del año pasado la economía alemana sufrió una pequeña contracción, mientras que la francesa creció muy tímidamente, estos datos no hacen sino confirmar la evidencia de que la eurozona podría caer en recesión y acrecentarse los problemas de los miembros más endeudados.

Ante la seguridad de que Grecia no cumple las últimas demandas de la UE y el FMI, el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker ha vuelto a ampliar el plazo para que Grecia haga un compromiso firme de los recortes anunciados y pueda recibir ayuda internacional para evitar la suspensión de pagos el mes que viene. La reunión prevista para el miércoles en la que se debería confirmar el segundo rescate griego ha sido desconvocada.

La sospecha de que el gobierno de Rajoy infló la cifra de déficit de 2011 para mejorar aparentemente los resultados de este año ha provocado un revuelo importante en Bruselas y Madrid, con un desmentido categórico desde Moncloa y un no sabe/no contesta desde la Comisión Europea. En cualquier caso, el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rhen, ha negado que se vaya a multar a España por déficit excesivo.

La Unión Europea celebra la aprobación de las nuevas medidas de ajuste por el Parlamento griego, pero recuerda que no es suficiente para que el Eurogrupo respalde el segundo plan de rescate a Atenas. Faltan ajustes adicionales por valor de 325 millones de euros y el compromiso firme de los grandes partidos para aplicar realmente las medidas de austeridad. La Comisión Europea ha calificado de inaceptables los hechos violentos vividos ayer en Grecia.

La UE, el BCE y el FMI ya tienen el compromiso del Parlamento griego para llevar a cabo los recortes que se exigen al país a cambio del segundo rescate financiero de 130.000 millones de euros. Con algunas deserciones, los grandes partidos que apoyan al gobierno han dado su apoyo al nuevo plan de austeridad. La enésima vuelta de tuerca para los griegos que se han manifestado multitudinariamente en Atenas en contra del ajuste. Después la capital griega se ha convertido en una batalla campal entre grupos violentos y policía.

Clímax, del griego κλῖμαξ, escala. Drama, del griego δρᾶμα. Este domingo, el Parlamento griego vivirá el clímax de su particular drama, cuando tenga que pronunciarse sobre el draconiano plan de ajuste que Grecia necesita para volver a ser rescatada por la UE y el FMI. Con el preámbulo de dos días de huelga general y deserciones en el gobierno y entre los diputados, el primer ministro, Lucas Papademos, se ha dirigido al país para advertir de que Grecia está «a un suspiro de la zona cero».

Formalmente, Grecia ha hecho los deberes para recibir el segundo rescate de sus socios de la zona euro, pero el Eurogrupo no está seguro de que sea lo exigido y de que finalmente se cumpla el ajuste comprometido. Los ministros de Finanzas de la eurozona no aprobarán todavía el programa de ayuda financiera que evite la quiebra griega. Quieren más garantías.

No ha habido sorpresas y el Banco Central Europeo ha mantenido los tipos de interés en la eurozona en su mínimo histórico del 1%. La entidad monetaria europea ve signos de estabilización en la actividad económica europea.

La convocatoria para hoy de los ministros de Finanzas del Eurogrupo da la pista de que el acuerdo sobre el segundo programa de ayuda a Grecia podría estar cerca. Los partidos del gobierno de Atenas, después de maratonianas sesiones, habrían llegado a un principio de acuerdo para satisfacer las exigencias de la Comisión Europea, el BCE y el FMI y así recibir los 130.000 millones de euros, o más, que supondrá el nuevo rescate.

Si no hay más ajustes en Grecia y no se cumplen los compromisos, no habrá un segundo rescate a Grecia. Es lo que han venido a decir el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, tras celebrar en París un consejo de ministros francoalemán. Ambos insisten en que no quieren la quiebra de Grecia, pero exigen que las fuerzas políticas del país cumplan su palabra con la UE.

La canciller alemana, Angela Merkel, está en Pekín tranquilizando a las autoridades chinas sobre la crisis de deuda soberana en la eurozona e intentando que el gigante asiático siga comprando bonos que puedan financiar los fondos de rescate europeos. El primer ministro chino, Wen Jiabao, dice que lo está considerando pero, de momento, no hay compromiso.

La Comisión Europea ha vetado la unión de los operadores de la bolsa neoyorquina, NYSE Euronext, y de la alemana Deutsche Börse porque considera que implantaría un quasi monopolio en el comercio de derivados financieros europeos. La operación ya se había aprobado en Washington, pero el comisario europeo Joaquín Almunia afirma que «es crucial para la economía europea que se mantenga la competencia».

Un grupo de expertos de la ONU destacan la urgente necesidad de adoptar nuevas vías de desarrollo para sacar al mundo de una crisis económica todavía más grave que la actual. El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, ha dicho que «tanto la ciencia como la economía nos dicen que las vías actuales son insostenibles». La presidenta finlandesa, Tarja Halonen es uno de los políticos que ha participado en la elaboración del informe

Los jefes de Estado y de gobierno de la UE han alcanzado un acuerdo para reforzar su disciplina fiscal sin el apoyo de Reino Unido y la República Checa. En su intento de conciliar austeridad y crecimiento, el Consejo Europeo se ha limitado a un ambicioso mensaje de apoyo al empleo en las formas y tímido en el contenido real. A España se le piden más esfuerzos y Rajoy afirma en una conversación informal que la reforma laboral le va a costar una huelga general.

Después de innumerables cumbres de los 27 jefes de Estado y de gobierno de la UE dedicadas exclusivamente a la crisis de deuda soberana, este lunes el Consejo Europeo tiene como primer punto de su agenda la creación de empleo. Los drásticos planes de ajuste para conseguir la estabilidad presupuestaria siguen siendo prioritarios, pero sus consecuencias sobre el paro asustan ya a los líderes comunitarios. Mariano Rajoy se estrena en una cumbre europea.

El gobierno griego quiere que Bruselas le deje un mínimo de soberanía sobre sus propias cuentas y ha rechazado la propuesta alemana para que un comisario europeo vigile su presupuesto y pueda vetar decisiones del gobierno de Atenas. Grecia vuelve a estar en manos de los técnicos que examinan una y otra vez sus medidas de ajuste antes de aprobar un segundo rescate que ahora se calcula en 145.000 millones de euros.

¿Existe una fórmula fiable para calificar el riesgo financiero de empresas o países? La respuesta es difícil, pero la plataforma para que quien sepa hacerlo lo haga ya existe. Se llama Wikirating y está abierta a todo el mundo en internet. A diferencia de los métodos opacos de las grandes, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, aquí todo es transparente. En su clasificación de riesgo soberano, Francia, Alemania o España tienen bonos basura.

La Confederación de Sindicatos Europeos (CES) ha convocado movilizaciones en toda la UE para este domingo, víspera de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno que debe avanzar en el Pacto fiscal para reducir el déficit de los Estados. Las organizaciones sindicales europeas creen que el acuerdo «institucionaliza la austeridad» y proponen, en cambio, un tratado con más componentes sociales y estímulos a la economía.