«Los aliados pueden informar de que Rusia, como parte de sus sofisticadas operaciones información y la desinformación, colabora activamente con las llamadas organizaciones no gubernamentales y organizaciones ambientales que trabajan contra el gas de esquisto (fracking) para mantener la dependencia europea del gas ruso importado».
Las organizaciones ecologistas denuncian que las grandes compañías petroleras han presionado a los gobiernos de Canadá y Estados Unidos para conseguir que la UE rebaje sus niveles de regulación ambiental en los acuerdos bilaterales con ambos países. Una de las legislaciones que podría ser más laxa es la que hace referencia a la entrada del petróleo procedente de arenas bituminosas, mucho más contaminantes que el petróleo convencional.
La aprobación del proyecto de Ley de Parques Nacionales en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados es un error, a juicio de Ecologistas en Acción. Los parques nacionales, las joyas de la corona de la naturaleza, corren el riesgo de convertirse en parques temáticos.
La superación del cambio climático es fundamental para el logro de un futuro sostenible para la cada vez mayo población del planeta, y la seguridad alimentaria debe situarse en el centro de ese esfuerzo, afirmó el Director General de la FAO, José Graziano da Silva, en un discurso en la Cumbre sobre el Clima de la ONU.
«Es hora de un nuevo modelo agrícola que asegure la producción de suficiente comida de calidad donde más se necesite, que conserve la naturaleza y que preste servicios al ecosistema de relevancia local y mundial». En pocas palabras, es la hora de la agroecología, ha dicho Pablo Tittonell, en el Simposio Internacional de Agroecología de la FAO
Representantes de Ecologistas en Acción han presentado a miembros del Parlamento Europeo el Pacto Social del Agua, una iniciativa apoyada por numerosas organizaciones sociales que defiende la gestión pública del agua y el reconocimiento de este recurso como derecho humano fundamental que debe ser protegido. En el marco de la visita a Bruselas, la organización ha exigido la desconexión del embalse de Oiola del abastecimiento por el riesgo de contaminación de lindano.
Europa, en un ejercicio estratégico de transparencia, habría pretendido con la publicación del TTIP, que la UE quiere firmar con Estados Unidos acallar a un buen número de críticos. Estados miembros, a destacar Alemania, parlamentarios nacionales y europeos, así como organizaciones sociales de toda la Unión reciben con sorpresa la publicación de unos pliegos, que vienen a confirmar la veracidad del borrador filtrado en el verano de 2013.
Varias organizaciones han enviado un escrito a la Comisión Europea para que inste Gobierno español a que asuma sus responsabilidades en el cumplimiento de la normativa europea más importante de protección de la biodiversidad. Con un retraso de dos años y ante el consecuente riesgo de sanción por parte de la Comisión Europea, muchas Comunidades Autónomas han iniciado procesos de «aprobación masiva de los planes» con un contenido bastante deficiente y sin contar con la necesaria participación ciudadana en la mayor parte de los casos.
El Parlamento Europeo ha instado la semana pasada a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a que tomen medidas para evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar los 1.350 millones euros en compensaciones por el Proyecto Cástor. El pasado diciembre, también la Defensora del Pueblo europea, Emilly O’Reilly, reclamó la atención de la Comisión al respecto.
21 entidades de la sociedad civil presentan una hoja de ruta para que el Gobierno surgido de las próximas elecciones generales acabe con las dramáticas consecuencias ambientales y económicas que supone el hecho de que en España el 70 % de lo que tiramos a la basura acabe en un vertedero o en una planta de incineración
Cada minuto que pasa el mundo pierde 23 hectáreas por la degradación de la tierra, lo que en un año equivale a la desaparición de 12 millones de hectáreas, un poco más que la superficie de Nicaragua. En términos económicos, esta desaparición de suelos cultivables le cuesta al planeta 400.000 millones de dólares al año.
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