Alto a las expulsiones ilegales y a los registros étnicos de gitanos

Una buena parte de los gitanos de la Unión Europea se encuentran en una situación grave de pobreza y marginación que la crisis no ha hecho más que aumentar. Expulsiones ilegales, elaboración de registros étnicos, abusos policiales y otras violaciones de Derechos Humanos son cada vez más frecuentes. La CE ha elaborado por primera vez un instrumento jurídico para la integración de los gitanos.

Vivian Reding, un representante de Amnistía Internacional y un grupo de jóvenes gitanas
La vicepresidenta de la CE, Vivian Reding, Fotis Fillipou de Amnistía Internacional y miembros de la plataforma europea para la inclusión romaní/ Foto: CE

Una buena parte de los gitanos de la Unión Europea se encuentran en una situación grave de pobreza y marginación que la crisis no ha hecho más que aumentar. Expulsiones ilegales, elaboración de registros étnicos, abusos policiales y otras violaciones de Derechos Humanos son cada vez más frecuentes. La Comisión Europea ha elaborado por primera vez un instrumento jurídico para la integración de los gitanos que ha sido refrendado por el Europarlamento.

La población gitana europea es la minoría étnica más numerosa en la Unión Europea con 12 millones de personas. Sin embargo, gran parte de ellos vive en la pobreza. Por ello la Comisión ha instado a los Estados miembros a que realicen estrategias de inversión nacional, regional y local para lograr el acceso de estos a la educación, al empleo, a la sanidad y a la vivienda.

Con esta directiva, se quiere acabar con la segregación en la escuela y el abandono escolar, la eliminación de las barreras que obstaculizan su acceso al mercado laboral, terminar con la separación territorial en el acceso a la vivienda, velar por la aplicación de normas contra la discriminación y la protección de niños y mujeres gitanas.

La Unión Europea es un cúmulo de lenguas, culturas, religiones y etnias dentro de un mismo marco territorial. Como fruto de estas sociedades más multiculturales y complejas se necesitan políticas que hagan prevalecer los derechos de los individuos y sus libertades fundamentales.

El objetivo principal es tratar de intensificar la integración económica y social de esa comunidad. Es el primer instrumento jurídico que adopta la UE para la integración de este colectivo y para conseguir reducir las distancias que hay entre ellos y el resto de la población. Una recomendación que ha sido adoptada por unanimidad por los 28 Estados miembros.

Para el logro de las iniciativas de integración en clave de igualdad, los Estados tienen a su disposición los Fondos Estructurales destinados habitualmente para proyectos de integración social de toda clase.

La situación varía mucho de unos países a otros así como la utilización de los fondos de la UE desde que el 16 de septiembre de 2008 se llevara a cabo la Primera Cumbre Europea sobre los Gitanos. En España, a pesar de que los trabajadores gitanos tienen una vida laboral más prolongada debido a que se incorporan al mercado con edades más tempranas, según un estudio realizado por la fundación secretariado gitano, se han sentido discriminados el 83% de las personas gitanas que buscaban empleo activamente. Los más afectados han sido los varones de entre 25 y 34 años que viven en ciudades de más de 25.000 habitantes y menos de 50.000.

Italia, por su parte, acoge entre su población a más de 52 comunidades diferentes de gitanos venidos de Bulgaria y Rumanía desde hace cientos de años. Sin embargo las condiciones de vida de estas personas dejan mucho que desear. «Suelen vivir en campamentos ilegales a las afueras de las ciudades y hechos de metal, un material muy frío en invierno y que recoge mucho calor en verano.

Además, la relación entre los gitanos y la población general es nula. Las generaciones de gitanos que han nacido en este país están perdiendo su cultura y ya no hablan sus idiomas de origen», explica Irvin Mujcic a la Comisión, un bosnio de etnia gitana que trabaja como mediador y organizador en Romà Onlus, una organización que lucha por la promoción social de este colectivo en Italia.

Un ejemplo de ayuda en Francia es el proyecto «Andatu», que aboga por proporcionar como punto de partida la vivienda y los servicios sociales más necesarios para la supervivencia que ayuden a los gitanos a lograr un permiso de trabajo. Con ello consiguen un año de permiso laboral en el país y se está trabajando para ampliarlo a tres. «La mayoría de personas que han entrado en este programa han sido rumanos venidos del oeste de Rumanía, muchos de ellos analfabetos y otros que dominan el rumano pero que en su mayoría no saben hablar francés», explica uno de los organizadores de esta iniciativa. «Nosotros les proporcionamos una vivienda durante seis meses y luego les ayudamos a encontrar un apartamento independiente en la ciudad (Lyon). Es un programa que ayuda a muchos, pero no llegamos a todos», se lamenta.

Otro prototipo de apoyo es el realizado en Grecia, donde han decidido abogar por el conocimiento para superar las diferencias. Los centros socio-sanitario Volos (33 en toda Grecia), tienen puesta gran parte de su fuerza en conseguir que los niños asistan a la escuela. Sin embargo, también se ocupan de la salud y les ayudan a conseguir trabajo.

Todavía queda un largo camino por recorrer, pero la preocupación ante esta situación y la puesta en marcha de estas iniciativas es ya de por sí un gran paso que tendrá que verse respaldado por todos y cada uno de los Estados. Sin olvidar la concienciación de la sociedad en general y el compromiso de responsabilidad cívica por parte de los gitanos.

Aunque el Parlamento Europeo no está obligado a pronunciarse oficialmente sobre este asunto lo ha hecho en el pleno reclamando a los Gobiernos que pongan fin a las expulsiones ilegales y a la elaboración de registros étnicos de gitanos y que movilicen fondos tanto de la UE como nacionales para promover la integración.

Los Eurodiputados piden a la Comisión que «emprenda acciones contundentes» incluso que abra procedimientos de infracción cuando se vulneren los derechos de los gitanos, especialmente los de libre circulación, residencia, asistencia sanitaria o educación y que establezca un seguimiento a nivel europeo sobre los derechos fundamentales de la población gitana y de los delitos de los que son víctimas.